Ciudad de México.- Diputados federales de Morena plantearon la creación de una comisión de la verdad para reabrir el caso del Fobaproa y determinar posibles responsabilidades legales de quienes encabezaron el rescate bancario en 1994.

En medio del cruce de declaraciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo, los legisladores Alfonso Ramírez Cuéllar y Hugo Eric Flores descartaron cancelar los pagarés derivados del rescate financiero, pero insistieron en que debe sancionarse a los responsables del que calificaron como un agravio histórico.

Flores propuso revisar las actuaciones de los servidores públicos que intervinieron en el proceso y hasta hacer pública la lista de legisladores que avalaron la conversión de deudas privadas en obligaciones del erario público. Además, recomendó una renegociación que permita reducir el monto de la deuda, pero advirtió que eliminarla es jurídicamente inviable.

“ Es absurdo decir que no se pague. Esa deuda fue aprobada por PRI y PAN. Ahora se lavan las manos cuando existen documentos firmados que comprometen legalmente al Estado”, apuntó.

Por su parte, Ramírez Cuéllar calificó el rescate bancario como una expresión de impunidad estructural y lo responsabilizó de la destrucción del patrimonio nacional en favor de intereses privados. Señaló que la revisión del caso continúa y desestimó las propuestas del PRI y el PAN para suspender los pagos.

“ Fue un compromiso hecho bajo condiciones injustas, durante la gestión del expresidente Zedillo, quien no tiene ninguna autoridad moral para emitir críticas sobre el tema”, declaró.

En entrevista televisiva, Ramírez Cuéllar calificó de “demagógica e irresponsable” la intención de cancelar los pagos, y reiteró que los partidos que hoy se oponen fueron quienes transformaron deudas privadas en compromisos públicos.

Finalmente, consideró positivo que el debate sobre el Fobaproa haya regresado al escenario político, ya que es necesario esclarecer los hechos, evitar la impunidad y sancionar a quienes incurrieron en decisiones que aún afectan las finanzas nacionales.