Jalisco.- La situación legal de 13 peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y varios agentes ministeriales de la Fiscalía Estatal sigue envuelta en incertidumbre, son investigados por omisiones en el primer operativo en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Aunque se confirmó que están siendo investigados por presuntas omisiones durante el levantamiento de indicios en septiembre de 2024, aún no se ha determinado la fecha de audiencia ni los pasos que seguirá la autoridad competente.

La investigación está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, la cual judicializó el caso el pasado 13 de mayo. Sin embargo, ni el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ni la Fiscalía del Estado de Jalisco tienen detalles precisos sobre el curso que tomará el proceso.

“ El tema lo tiene directamente la Fiscalía Anticorrupción, nosotros como tal, como una fiscalía estatal o general, no tenemos a cargo la carpeta y creo que el más indicado sería el Área Anticorrupción, porque ellos pueden dar estos datos”, afirmó Sonia Álvarez Cisneros, fiscal especializada en concertación social.

Colabora el IJCF con las instituciones de seguridad en el caso del Rancho Izaguirre

Alejandro Axel Rivera Martínez, director del IJCF, declaró que el instituto mantiene comunicación constante con los peritos involucrados y está brindando apoyo institucional.

“ Nosotros como instituto colaboramos con la Fiscalía para darles la información que requieran; en caso de la posible responsabilidad que pudieran tener. Y en cuanto al apoyo que tienen los peritos, estamos en constante comunicación con ellos para ir llevando su tema y apoyarlos en lo que sea necesario”, aseguró.

Los señalamientos se originan tras el operativo de la Guardia Nacional en septiembre de 2024, cuando se llevó a cabo un cateo en el Rancho Izaguirre después de un enfrentamiento armado. En esa ocasión, fueron detenidas diez personas, liberadas dos víctimas y localizada una persona sin vida.

Según la Fiscalía, varias personas más lograron escapar del lugar, dejando atrás múltiples artículos personales que, según aclaró la dependencia, no necesariamente pertenecen a personas fallecidas.

A lo largo de los meses siguientes, la Fiscalía ha reportado el hallazgo de cinco lotes de restos óseos con indicios de exposición térmica, más de 400 prendas, 96 casquillos de diversos calibres, tres cargadores, aros metálicos de aprehensión, libros, una libreta y una identificación oficial.

Estos elementos forman parte de una compleja investigación que busca esclarecer la magnitud de los hechos ocurridos en el rancho y deslindar responsabilidades tanto entre los presuntos delincuentes como entre quienes debieron procesar adecuadamente la escena del crimen.

Hasta ahora, los 13 peritos y agentes ministeriales siguen bajo la sombra de la incertidumbre jurídica, sin conocer si enfrentarán cargos formales ni cuándo se celebrará una audiencia. La falta de información pública por parte de la Fiscalía Anticorrupción mantiene en vilo no solo a los implicados, sino también a los organismos y colectivos de búsqueda.

Información de Milenio.