Washington, Estados Unidos.- La administración del expresidente Donald Trump presentó una apelación judicial para intentar revertir el fallo emitido por un tribunal federal que anuló la mayoría de los aranceles impuestos a diversas importaciones, bajo el argumento de seguridad nacional.

El recurso fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal y tiene como objetivo frenar los efectos de la sentencia emitida el pasado 28 de mayo de 2025 por el Tribunal de Comercio Internacional, la cual ordena restablecer los aranceles bajo el principio de “nación más favorecida”.

Entre los firmantes de la apelación se encuentran la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

¿Qué decidió el tribunal?

La corte determinó que las tarifas impuestas a países como México, China y Canadá, con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), no se justificaban legalmente. Estas medidas se aplicaron durante el gobierno de Trump con el argumento de frenar el tráfico de drogas y combatir el flujo de opioides sintéticos desde Asia.

El fallo también cuestionó el uso de decretos ejecutivos para imponer aranceles de forma recíproca y con fines de reducir el déficit comercial de Estados Unidos, declarando inválidas dichas tarifas y ordenando su suspensión permanente.

Consecuencias inmediatas

Según el exnegociador del T-MEC, Kenneth Smith, esta resolución obligaría a Estados Unidos a restablecer condiciones arancelarias estándar, afectando medidas proteccionistas adoptadas en años recientes. La administración Trump ya solicitó que se congele la aplicación del fallo mientras el caso es revisado por una instancia superior.

La corte también estableció un plazo de 10 días hábiles para emitir las directrices necesarias que hagan efectiva la suspensión definitiva de los aranceles, lo cual podría tener un impacto significativo en el comercio exterior estadounidense.

Este caso reabre el debate sobre los límites legales del poder ejecutivo en materia de comercio internacional y el uso de justificaciones de emergencia para imponer medidas económicas con efectos globales.