Ciudad de México.- El Gobierno federal anunció la imposición de aranceles de hasta 210.44 por ciento a la importación de azúcar como una medida para proteger a la agroindustria nacional ante la caída de los precios internacionales y el riesgo de sobreoferta en el mercado interno.

De acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Ejecutivo federal modificó las fracciones arancelarias correspondientes en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, sustituyendo las cuotas por kilogramo vigentes por aranceles proporcionales de 156 y 210.44 por ciento, según el tipo de azúcar importada.

“El arancel de importación vigente para el azúcar, bajo trato de nación más favorecida, actualmente no ofrece la protección suficiente a la agroindustria nacional dada la caída de los precios internacionales de este producto, por lo que se considera necesario modificar los aranceles específicos aplicables de 0.36, 0.338 y 0.39586 dólares por kilogramo a 156 y 210.44 por ciento ad-valorem, según corresponda a las fracciones arancelarias”, estipula el documento.

El decreto, que entra en vigor mañana, subraya que la medida forma parte de las estrategias del Gobierno para “eliminar distorsiones del mercado global” y salvaguardar la viabilidad de la producción nacional de azúcar.

El @GobiernoMX reafirma su compromiso con las y los cañeros, y con toda la cadena del sector azucarero nacional.

Ante la caída de los precios internacionales y la sobreoferta, y en apego a los compromisos internacionales de nuestro país, se actualizaron los aranceles a la… pic.twitter.com/iuY9njFMNd

— Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) November 10, 2025

Argumenta que la caída de los precios internacionales del azúcar ha reducido la competitividad del producto nacional, afectando la rentabilidad de los ingenios y de los productores de caña.

En ese contexto, el Gobierno consideró necesario “fortalecer la soberanía productiva” y garantizar la estabilidad de la industria, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

La medida, señala el documento, se adopta con fundamento en los artículos 25 y 131 de la Constitución, que facultan al Estado para regular el comercio exterior y proteger la producción nacional cuando se considere urgente.