Washington D.C. — Una jueza federal frenó temporalmente la política del gobierno de Donald Trump que buscaba restringir o demorar las inspecciones sorpresa de miembros del Congreso a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La magistrada de Distrito, Jia Cobb, falló a favor de una demanda interpuesta por 12 legisladores, a quienes se les había impedido el acceso a centros de detención bajo el argumento de no cumplir con un aviso previo de siete días, requisito impuesto el pasado mes de junio por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un fallo contra la opacidad administrativa

En su resolución, la jueza Cobb calificó la política del DHS como “arbitraria y caprichosa”, señalando que carece de sustento legal. Según la magistrada, la exigencia de notificación vulnera la Sección 527 de la ley federal, la cual garantiza a los legisladores acceso total para supervisar el trato a los no ciudadanos bajo custodia federal.

” “La información sobre las condiciones en el terreno se pierde para siempre si no se permite el acceso inmediato”, advirtió Cobb, subrayando que es imposible para un congresista reconstruir la situación de una instalación si se le obliga a esperar una semana para entrar.

El origen de la ley: El caso de la alimentación forzada

La demanda, respaldada por las organizaciones Democracy Forward y American Oversight, tiene como antecedente un episodio crítico en 2019. En aquel año, la representante de Texas, Verónica Escobar, recibió reportes sobre inmigrantes que estaban siendo atados e intubados para ser alimentados a la fuerza en una instalación de El Paso.

Aquel hallazgo, que solo fue posible tras vencer la resistencia inicial del ICE, impulsó la creación de la Sección 527.

” “Esta decisión deja claro que ningún presidente puede ocultar la verdad sobre cómo se trata a las personas bajo custodia migratoria”, afirmó Skye Perryman, directora de Democracy Forward.

Tensiones en Nueva York y oficinas de campo

El fallo también aborda el intento del gobierno de declarar las “oficinas de campo” (field offices) como zonas prohibidas para los legisladores. El gobierno de Trump argumentaba que en estos lugares no hay detenidos permanentes y, por tanto, no estaban sujetos a supervisión.

Sin embargo, casos como el de los representantes Adriano Espaillat y Nydia Velázquez en Nueva York contradicen esta postura. Los legisladores denunciaron dificultades para ingresar al edificio Federal Plaza en Manhattan —epicentro de recientes operativos de detención—, donde se les negó el paso alegando que se trataba de una “instalación sensible”.

La maquinaria de deportación masiva

Este pulso legal ocurre en medio de la implementación de un ambicioso plan de deportación a gran escala por parte de la administración Trump. Los legisladores demandantes sostienen que las visitas sin previo aviso son la única herramienta efectiva para garantizar que el ICE opere bajo principios humanitarios y cumpla con las leyes federales vigentes durante estos operativos.

Por ahora, la medida cautelar permanecerá vigente mientras el tribunal analiza el fondo del caso, permitiendo que los congresistas retomen sus funciones de fiscalización de manera inmediata.