Ciudad de México.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta vinculación con integrantes del crimen organizado y presuntas omisiones en garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La acusación fue presentada este martes ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO),  promovida por abogados de diversas organizaciones y barras de abogados locales.

Fueron integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados, la Federación de Abogados de Sinaloa, colegios jurídicos locales y el Frente Cívico Sinaloense quienes solicitan investigar y en su caso procesar a Rocha Moya.

Los presuntos delitos que advierten están relacionados con el ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones, encubrimiento, delitos relacionados con la administración de justicia y presunta delincuencia organizada.

Los abogados señalaron que el gobernador ha mostrado omisiones frente a la creciente violencia en el estado y ha obstaculizado investigaciones que afectan a la población.

Como ejemplo mencionaron el caso de Héctor Melesio Cuén, que, aseguran, fue objeto de un montaje durante la gestión de la entonces fiscal Sara Bruna, quien hasta la fecha no ha sido procesada.

Además, señalaron que debe investigarse por qué Rocha Moya realizó un viaje el 25 de julio de 2024, mismo día en que se registró el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, en la misma zona.

Según los denunciantes, estos eventos desencadenaron un repunte de violencia que persiste hasta la fecha, ya que entre el 9 de septiembre de 2024 y febrero de 2026 se registraron 2 mil 883 homicidios, 3 mil 314 privaciones de la libertad y 9 mil 714 robos de vehículos.

“ Los datos oficiales no reflejan la realidad; están maquillados por instrucciones del gobernador en coordinación con autoridades federales”, aseguró Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.

También, citó el reciente caso de los mineros secuestrados en Concordia como ejemplo de impunidad, luego de que cinco de los diez mineros fueron encontrados sin vida, tras posibles hechos de extorsión.

“ Hoy ya lo hemos reducido como ‘Pinocho Harfuch’, porque lo que sucedió en Concordia es mentirle al pueblo, es contaminar una carpeta de investigación, ese tipo de situaciones cansa a la gente; vemos una participación indolente y cínica del gobernador con los poderes fácticos”, dijo.

Además, dijo que el incremento de la violencia ha tenido repercusiones económicas significativas, afectando negocios, transporte y la vida cotidiana de los ciudadanos.

“ La seguridad es un derecho básico y su ausencia genera miedo y desconfianza, la población espera que el gobernador cumpla con su responsabilidad constitucional.

Aunada a esta denuncia, también presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se documentan 16 presuntas violaciones a derechos humanos, entre ellas el derecho a la seguridad, a la legalidad y a vivir libre de violencia.

Los abogados señalaron que previamente habían acudido a la comisión de derechos humanos de Sinaloa, pero no recibieron respuesta y de continuar en esta situación recurrirán a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con los denunciantes, entre los incidentes documentados se incluyen homicidios selectivos, ataques a comerciantes, robos de transporte de carga y privaciones de libertad vinculadas al crimen organizado.

En los dos últimos años, Sinaloa ha registrado un aumento sostenido de violencia atribuida al enfrentamiento entre células internas del Cártel de Sinaloa, y otros conflictos entre grupos antagonistas, por lo que los denunciantes advierten quela administración de Rocha Moya no ha tomado medidas efectivas para frenar estos delitos ni para proteger a la población.

La denuncia también menciona presuntas instrucciones del gobernador para manipular información sobre incidencia delictiva, lo que, según los abogados, ha generado desconfianza entre la población, según afirmó Beltrán Verduzco.

“ La gente percibe que los delitos no se investigan correctamente y que las cifras oficiales son parciales, esto afecta la vida social y económica de Sinaloa.

Hasta el momento, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya no ha emitido comentarios sobre la denuncia interpuesta en su contra.

En redes sociales, la Alianza Mexicana de Abogados reiteró que la acción busca visibilizar la situación de inseguridad y exigir que las autoridades actúen con imparcialidad.

Con información de Aristegui Noticias