Ciudad de México.- Los puertos más estratégicos de México se convirtieron en otra frontera tomada por el crimen organizado. Manzanillo, Altamira, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Matamoros quedaron atrapados en una disputa por precursores químicos, combustibles y rutas marítimas que mueve millones y corroe aduanas, mandos navales y cadenas logísticas enteras.

En Manzanillo chocan el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Independiente de Colima; en Altamira empujan el Cártel del Golfo y Los Zetas; mientras en Lázaro Cárdenas, Veracruz y Matamoros se afianza la hegemonía del CJNG.

No se trata sólo de muelles y contenedores. El control de esos puertos abre la puerta al ingreso de químicos para fabricar drogas sintéticas, al contrabando de combustibles y a la salida de cargamentos ilícitos hacia mercados internacionales, según investigaciones. Por esa ruta también se presumen sobornos, empresas fachada y una red de protección que alcanzó a funcionarios aduanales y mandos de la Marina, hasta convertir al sistema portuario en una de las zonas más sensibles de la captura criminal en México.

Manzanillo, la plaza más disputada

Manzanillo concentra el mayor nivel de presión criminal. Su relevancia es técnica y estratégica, pues procesa 46 por ciento de los contenedores que ingresan al país. Ese volumen lo volvió el punto más atractivo para la entrada de sustancias que tienen aplicaciones legales en industrias como la perfumería o la alimentaria, pero que son desviadas para la síntesis de fentanilo y metanfetamina.

En ese puerto la pelea se libra entre tres estructuras. El Cártel Jalisco Nueva Generación aparece como la fuerza dominante. El Cártel de Sinaloa opera mediante empresas fachada y a través de la facción vinculada a La Mayiza. A esa disputa se suma el Cártel Independiente de Colima, que pelea el control local de la plaza. Manzanillo es, en los hechos, el epicentro de una guerra de baja intensidad por el control del corredor marítimo más valioso del país.

La violencia que rodea ese puerto también alcanzó a funcionarios y mandos. En octubre de 2024 fue asesinada Magaly Janet Nava Ramos, agente de la Fiscalía General de la República en Manzanillo. Un mes después fue ejecutado en ese mismo puerto el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar. Ambos casos quedaron inscritos en la misma secuencia de presión y riesgo sobre quienes se movían en el entorno de la operación portuaria.

Altamira, combustible y control criminal

Altamira es otro de los grandes nodos del negocio ilícito. Su infraestructura de 125 embarcaderos internacionales y su papel como eje principal de entrada y salida de combustibles lo convirtieron en un objetivo estratégico para el Cártel del Golfo y Los Zetas. En ese puerto no sólo se juega el tráfico de drogas. También se disputa el control de los hidrocarburos, la conectividad marítima y la operación aduanera.

La importancia de Altamira está ligada a su capacidad para mover carga a escala internacional y a su peso en la cadena energética. Por eso el puerto aparece como una pieza central en las disputas por el contrabando, el robo de combustible y la captura de instalaciones críticas. En septiembre de 2025, además, se reportó la muerte sospechosa del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de Protección Portuaria de Altamira, en otro episodio que retrata la vulnerabilidad de los mandos ligados a estos recintos.

Lázaro Cárdenas, Veracruz y Matamoros bajo hegemonía

La expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación también alcanza a Lázaro Cárdenas, Veracruz y Matamoros. En esos puntos el control descrito es hegemónico. El grupo mantiene influencia mediante soborno sistemático, intimidación y cobro de piso a otras organizaciones por el uso de la infraestructura portuaria.

Este dominio permite controlar rutas de entrada y salida de mercancías ilícitas y aprovechar la infraestructura legal del comercio exterior para montar operaciones criminales. El puerto deja de ser una terminal de carga y se convierte en una herramienta de competitividad para el crimen organizado.

Desde ahí se enlazan rutas marítimas procedentes de China, Taiwán, Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas, Japón y Corea, con especial peso en el ingreso de precursores químicos. A la vez se conectan flujos con Estados Unidos y Canadá para drogas sintéticas, y rutas de cocaína desde Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia.

La red del huachicol fiscal dentro de Marina y Aduanas

La infiltración en los puertos no sólo quedó expuesta por la disputa entre grupos criminales. También apareció en una red de macro corrupción que alcanzó mandos de la Secretaría de Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Esa estructura, conocida como “Los Primos”, fue expuesta en septiembre de 2025 y colocó en el centro al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

El componente clave para avanzar en la judicialización fue el testimonio del testigo protegido “Santos”, quien describió el pago de sobornos de 1.75 millones de pesos por cada buque de combustible ilícito procesado. Bajo ese esquema se identificó el arribo de 14 embarcaciones entre abril de 2024 y enero de 2025. La red incluyó a mandos navales, funcionarios de aduanas, además de personal operativo.

La mecánica del huachicol fiscal consistía en la falsa declaración de mercancías. El diésel era registrado como aditivo para aceites lubricantes para encubrir el contrabando. La evasión fiscal atribuida a este esquema alcanzó 177 mil millones de pesos. El lavado de activos se habría movido a través de 555 empresas fachada, pólizas de seguros por montos superiores a 10 millones de pesos y capital inyectado en casinos e inmuebles de lujo.

La orden de aprehensión asociada a esta trama alcanzó a 13 personas por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, con hechos ubicados en Tamaulipas, Colima, Sonora y Ciudad de México.

La respuesta internacional

Frente a esa crisis, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desplegó el Programa Mundial de Control de Contenedores con un presupuesto ejecutado de 764 mil 636 dólares financiado por el gobierno de Estados Unidos a través de INL. El programa reforzó capacidades de perfilamiento en Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, y capacitó a 171 integrantes de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia para enfrentar modalidades como la contaminación parasitaria de buques.

La Unidad de Protección Portuaria de la Secretaría de Marina recibió además formación especializada en materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares de doble uso, una iniciativa que fue considerada crítica para la seguridad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con atención prioritaria en Salina Cruz y Coatzacoalco

Con información de Político MX