Ciudad de México.- La ex embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, denunció una presunta red de corrupción y desvío de fondos públicos en el que estarían involucrados diversos diplomáticos y que habría sido ignorada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y su entonces titular, Juan Ramón de la Fuente.

En febrero de 2026, la entonces embajadora de México en el Reino Unido presentó un Acta Administrativa de Entrega-Recepción y un informe de incidencias en los que expone una serie de presuntas irregularidades financieras, administrativas y operativas atribuidas principalmente a la ex Agregada Administrativa del Servicio Exterior Mexicano, Érika Pardo Rodríguez.

Aristegui Noticias tiene copia de dichos documentos que contienen múltiples acusaciones de fraude y omisiones de la SRE.

Josefa González-Blanco fungió como embajadora en Reino Unido desde marzo de 2021 hasta el 26 de enero de 2026, cuando fue reemplazada por el exfiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero.

Según su propio informe, la exembajadora presentó sus primeras denuncias ante las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en diciembre de 2024, por lo que solicitó una auditoría al Órgano Interno de Control mediante un correo electrónico el 15 de enero de 2025, petición que fue reiterada mediante otro correo el 21 de enero del mismo año.

En su documento, González-Blanco señala como principal operadora del esquema de desvío de recursos a Érika Pardo Rodríguez, ex Agregada Administrativa, quien habría operado un “coto de poder” en complicidad con los embajadores David Nájera, Aureny Aguirre y Aníbal Gómez Toledo.

En el acta de entrega recepción de la Embajada en Londres, la ex diplomática dio su versión sobre los señalamientos que se dieron en su contra en el tramo final de su encargo.

El informe Blanco contra funcionarios de la SRE

De acuerdo con el informe entregado por Josefa González-Blanco a la Cancillería, en la Embajada de Londres se detectó un presunto esquema de simulación de contratos para el desvío de recursos públicos mediante una empresa “fantasma” de limpieza denominada “Easy Steps Cleaning Service LTD”.

El documento detalla que el contrato original con esta entidad fue firmado en enero de 2021 por la entonces Encargada de Negocios, Aureny Aguirre O. Sunza. La exembajadora afirma que los pagos destinados a esta empresa, que ascendieron a un aproximado de £140,950 libras esterlinas (alrededor de 4 millones de pesos), fueron transferidos mediante el uso de códigos bancarios que correspondían a cuentas personales a nombre de Érika Pardo Rodríguez y de su hija.

“ La funcionaria habría simulado, en uno de los casos identificados, pagos por servicios de limpieza a una empresa fantasma, canalizando aproximadamente cuatro millones de pesos a múltiples cuentas personales a su nombre y el de su hija, mediante un contrato inicial con la supuesta empresa firmado por la entonces encargada de negocios, la embajadora Aureny Aguire O. Sunza”, afirma el informe de la exdiplomática.

El informe detalla que al simular una transferencia a los datos bancarios que aparecían impresos en las facturas de cobro  y colocar como nombre de beneficiario “Easy Steps LTD.” o sus variaciones, el sistema bancario arrojaba una alerta de seguridad indicando que el nombre de beneficiario no coincidía. Sin embargo, al introducir el código y número de cuenta, pero ingresando como nombre de beneficiario el de Érika Pardo Rodríguez, el sistema del banco validaba la información.

El reporte también acusa a Pardo de alterar digitalmente facturas de servicios básicos; como evidencia, se documenta una factura de British Gas de noviembre de 2024, cuyo monto original de £26.37 habría sido modificado a £2,026.37, depositándose presuntamente la diferencia en una cuenta a nombre de la exfuncionaria.

Adicionalmente, el informe presentado por González Blanco denuncia que la Agregada Administrativa habría incurrido en la suplantación de identidad de otros diplomáticos para cometer los ilícitos financieros.

Específicamente, se acusa el uso indebido de la cuenta, firma electrónica y token bancario del embajador Aníbal Gómez Toledo- quien dejó la representación en Londres en 2019- para autorizar transacciones de fondos públicos hasta finales de 2024.

González-Blanco afirma que ella denunció estos y otros casos más de posible corrupción, derivando en una investigación del Órgano Interno de Control que involucraría a Erika Pardo junto a otros diplomáticos: el primer Secretario Octavio Perales Sánchez,  Aureny Aguirre, así como los embajadores David Nájera y Aníbal González.

Omisiones y ‘encubrimiento’ de De la Fuente

En su escrito, también detalla que, a pesar de emitir más de cuarenta comunicaciones oficiales y realizar dos viajes a la Ciudad de México para advertir sobre los delitos y solicitar el traslado de Pardo, el entonces canciller Juan Ramón de la Fuente le negó audiencia en tres ocasiones y la dependencia no implementó medidas precautorias para separar a la funcionaria de su cargo

Por lo anterior, González-Blanco considera en su escrito que el ex canciller toleró las actividades presuntamente ilícitas y se vio “superado por el poder de estos personajes dentro de la Secretaría a quienes termina, por acción u omisión, encubriendo”.

Según la narrativa de González-Blanco, tras intensificar la supervisión administrativa a finales de 2024 debido a los hallazgos mencionados, Érika Pardo presentó una denuncia por supuesto acoso laboral en su contra

Como respuesta a dicha denuncia, el Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) otorgó medidas de protección a Pardo. La exembajadora sostiene que esta medida la ató de manos, impidiéndole ejercer funciones de control y permitiendo que la agregada mantuviera autonomía y el control de las finanzas de la embajada durante los primeros ocho meses de 2025

Según la ex embajadora, tras ser denunciados, los diplomáticos acusados por González-Blanco habrían comenzado una persecución mediática en su contra.

Previo a su salida de la SRE, Josefa González-Blanco sumaba 16 denuncias por acoso laboral, de acuerdo con una nota publicada en El País.  Las denuncias documentadas por el diario español señalan que los presuntos acosos derivaron en múltiples renuncias de personal que comenzaron en diciembre de 2022, a tan solo tres meses de que la ex diplomática asumiera el cargo.

En el documento, González-Blanco dice que El País publicó “información tergiversada vinculada a la anterior Agregada Administrativa [Érika Pardo y al funcionario del SEM [Octavio Perales]”, pero la periodista Beatriz Guillén respondió que algunas de las acusaciones y renuncias por presunto acoso laboral incluidas en su nota eran anteriores a las denuncias de corrupción hechas por Josefa González-Blanco en contra de Pardo.

Con información de Aristegui Noticias