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| Los ex trabajadores sólo quieren que les paguen su liquidación.

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‘Si quieren que la regalen, pero a nosotros nos pagan’

  Por Milton Malacara

Publicado el jueves, 9 de abril del 2026 a las 04:06


Si quieren la pueden regalar, pero a nosotros que nos paguen”, sentenció Julián Torres Ávalos.

Monclova, Coah.- Si quieren la pueden regalar, pero a nosotros que nos paguen”, sentenció Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), al fijar la postura de la base trabajadora frente al nuevo esquema de subasta judicial propuesto para la venta de la siderúrgica.

Dijo que la prioridad absoluta dejó de ser el valor comercial de los activos de la empresa, ya que todos los esfuerzos se tienen que centrar exclusivamente en la liquidación de los salarios y prestaciones que se les adeudan tras años de parálisis operativa.

El dirigente informó a sus agremiados que el Síndico de la Quiebra ya ha presentado formalmente ante la Jueza de la causa un plan de enajenación, que busca destrabar el conflicto legal.

Según Torres Ávalos, este mecanismo otorga un plazo de diez días para que se definan los detalles técnicos de la convocatoria, con la esperanza de que la autorización judicial sea inmediata.

“Nuestra exigencia es clara, la venta debe ser definitiva y legal para que el recurso llegue a manos de quienes mantienen a flote a sus familias sin un sueldo”, puntualizó.

Dijo que bajo este nuevo modelo de “sobres abiertos”, el proceso de venta promete una dinámica de competencia directa entre inversionistas. Una vez que se den a conocer las ofertas iniciales, los postores tendrán una ventana de tres horas para mejorar sus pujas.

“Este sistema de subasta es dinámico; permite que los activos no se sigan depreciando en el olvido. Sin embargo, no nos desgastaremos en cuidar el patrimonio de los accionistas, si la puja es baja pero suficiente para cubrir nuestra nómina, por nosotros pueden entregar las llaves mañana mismo”, comentó.

Llamado a la prudencia

Pese al optimismo que genera el movimiento jurídico, Torres Ávalos hizo un llamado a la prudencia y al realismo, estimando que el proceso administrativo y legal podría extenderse entre 60 y 90 días.

El representante del Grupo de Defensa Laboral evitó comprometerse con una fecha exacta para el primer pago, argumentando que la base trabajadora ya ha sufrido demasiados reveses anímicos durante los últimos tres años como para alimentar falsas expectativas.

Torres Ávalos exhortó al resto de los acreedores de la siderúrgica a no obstaculizar el proceso con pretensiones egoístas que impidan el flujo de capital.

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