Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum promulgó esta noche la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que permite al Gobierno asociarse con la iniciativa privada en proyectos mediante contratos de hasta 40 años y esquemas de inversión conjunta en sectores como energía, transporte, agua, salud y educación.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece mecanismos para que particulares participen junto con autoridades en obras en distintos rubros productivos y sociales.

“La presente Ley tiene por objeto regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica que contribuyan al desarrollo nacional, a través de la participación del sector público, privado y social”, establece el documento.

La legislación contempla la creación de vehículos financieros, como fideicomisos o sociedades, para canalizar recursos y respaldar el desarrollo de proyectos.

También prevé esquemas de participación conjunta en los que el Estado podrá tener control mayoritario, compartido o reducido, según las características de cada caso.

Las propuestas deberán ser analizadas por un Consejo de Planeación Estratégica, que definirá su viabilidad con base en criterios técnicos, económicos y sociales.

“Los mecanismos de inversión y la contratación de proyectos estratégicos previstos en la presente Ley se regirán por los principios de rectoría del Estado en beneficio de la Nación, velarán en todo momento por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero mexicano”, señala el decreto.

La norma contempla plazos de entre cuatro y 40 años, en los que los inversionistas podrán recuperar recursos mediante pagos, tarifas u otras fuentes previstas en cada esquema.

El documento aclara que esta legislación no permite por sí sola comprometer recursos públicos, contratar deuda ni otorgar garantías sin cumplir con las reglas vigentes.

“La presente Ley no podrá interpretarse como fuente autónoma de asignación presupuestaria, autorización de gasto, contratación de financiamientos, otorgamiento de garantías, ni de asunción de obligaciones financieras”, advierte el texto.

Además, se ajustan disposiciones para incorporar estos proyectos en la planeación del gasto y en compromisos de largo plazo.
La ley entra en vigor mañana viernes, el Ejecutivo deberá emitir el reglamento en un plazo de 180 días y el Consejo deberá instalarse en un máximo de 120 días.