Hermosillo, Sonora.– Tras años de mesas de diálogo inconclusas y compromisos sin cumplir, representantes de los pueblos indígenas de Sonora —liderados por la etnia Guarijío— acudirán este miércoles 15 de abril a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El objetivo es exigir que el Estado mexicano respete su derecho constitucional a ser consultados de forma previa, libre e informada antes de tomar decisiones que afecten sus territorios y desarrollo.

Denuncian “simulación” en los Planes de Justicia

Héctor Zaira Enríquez, gobernador tradicional de la comunidad de Macoragui, señaló que a pesar de que el nuevo marco constitucional reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, en la práctica persiste la desatención institucional. La queja apunta directamente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), organismo al que acusan de incumplir con el mandato de seguimiento en las obras de vivienda, agua e infraestructura prometidas.

” “Queremos que nos presten atención. Un pueblo sin territorio, ¿dónde va a generar autonomía y libre determinación?”, planteó Zaira Enríquez, subrayando que la falta de mecanismos efectivos de cumplimiento reduce sus derechos a simples declaraciones.

Disputa por la autonomía y el presupuesto

El conflicto pone bajo la lupa la implementación de los Planes de Justicia en Sonora. Aunque la Federación reportó inversiones significativas en 2024 —superando los 18 mil millones de pesos para el pueblo Yaqui y 435.7 millones para el Guarijío-Makurawe—, las comunidades inconformes denuncian que estos proyectos se diseñaron a largo plazo sin garantizar que los cambios políticos o legislativos respeten los acuerdos originales.

La base legal del reclamo se sustenta en:

– Constitución de Sonora: Reconoce a las comunidades con personalidad jurídica y patrimonio propio.

– Parlamento Abierto: Obliga al Congreso local a integrar la participación ciudadana.

– Jurisprudencia de la SCJN: La Corte ya ha establecido que la consulta indígena es un requisito constitucional cuando una norma impacta de manera específica a estos pueblos.

Escalada del conflicto: De San Bernardo a la CDMX

La tensión en territorio guarijío ha escalado durante meses. Desde agosto de 2025, integrantes de la etnia mantuvieron un plantón en las instalaciones del INPI en San Bernardo, Álamos. A pesar de haber desalojado el edificio en febrero de 2026 por orden federal, la protesta persiste en el exterior, exigiendo la regularización de tierras para familias de Macoragui y el cese de decisiones “a puerta cerrada”.

La audiencia con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, representa para estas comunidades la última instancia para convertir la consulta indígena en una obligación efectiva del Estado y no solo en un trámite administrativo omitido.