Por:  Jairo Morales Rodríguez

Hay decisiones públicas que se leen en los márgenes. El estímulo al IEPS de combustibles es una de ellas. Para quien no está familiarizado, el IEPS es un impuesto que se cobra, entre otros productos, a las gasolinas y al diésel; cuando el Gobierno aplica un “estímulo”, en realidad está reduciendo temporalmente ese impuesto para evitar que el precio al consumidor suba más.

En México, el precio de la gasolina está contenido por un sistema de amortiguación donde el Gobierno federal decide qué tanto impacto “permite” que llegue al consumidor. Sin embargo, la radiografía actual de estos estímulos nos habla de una verdad incómoda sobre la salud de nuestras finanzas públicas.

Hoy, la estrategia de subsidios es compleja. El Gobierno ha decidido concentrar sus esfuerzos en el diésel, otorgando un estímulo que ronda 80 por ciento. La lógica es que el diésel es lo que mueve el transporte de carga y, por ende, el precio de los alimentos e insumos. Un ajuste en ese frente se trasladaría casi de inmediato al resto de la economía. No obstante, cuando miramos a los vehículos particulares, la realidad cambia drásticamente: el subsidio a la gasolina Magna apenas llega a 27%, mientras que la Premium sobrevive con un 9 por ciento.

¿Por qué esta disparidad? Más que una preferencia por el transporte de carga, estos números son el síntoma de algo más. En otros ciclos económicos, incluso con un petróleo menos costoso, el subsidio al IEPS ha llegado a ser de 100%, absorbiendo totalmente los incrementos para evitar el costo social. Hoy, el margen es mínimo. El Gobierno simplemente no puede permitirse prescindir de la recaudación del IEPS de las gasolinas para equilibrar un presupuesto que está cada vez más presionado.

Pero la forma en que se reparte ese alivio también deja entrever otra realidad. El IEPS a combustibles se ha vuelto un punto de equilibrio delicado. Reducirlo de forma generalizada supone un costo fiscal considerable; mantenerlo sin ajustes traslada presiones a hogares y empresas. Entre ambos extremos, la política pública se mueve con una precisión más limitada.

La gasolina, en ese sentido, funciona como termómetro. Refleja variaciones internacionales del petróleo y también termina por medir la capacidad del Estado para absorber impactos sin desbalancear sus propias finanzas. Cuando el apoyo se vuelve selectivo, lo que aparece es una forma de priorización silenciosa: proteger lo esencial sin soltar del todo la recaudación.

Quizá por eso el tema trasciende el precio que vemos en la estación de servicio. Habla de cómo se distribuyen los costos en una economía que busca estabilidad sin perder ingresos. Y, sobre todo, de los límites dentro de los cuales se toman decisiones que, aunque cotidianas, terminan delineando el rumbo financiero del país.