Ciudad de México.- Organizaciones civiles entregaron en el Senado una petición formal para reactivar la discusión y dictaminación de una legislación integral en materia de cannabis que regule su uso, producción y distribución en el País.

La ausencia de un marco normativo claro, advirtieron, ha generado un entorno de incertidumbre jurídica, desigualdad en el acceso a derechos y falta de herramientas institucionales para gestionar el consumo de manera responsable.

“ Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con el autoconsumo de cannabis en 2018, el Congreso no ha concretado una legislación que permita ordenar el mercado y establecer reglas claras para su operación”, indicaron en un comunicado.

“ Esta omisión ha derivado en un escenario fragmentado, donde existen autorizaciones individuales, pero no un sistema integral que garantice condiciones de acceso, control y seguridad. Actualmente, hay más de 12,000 autorizaciones sanitarias y amparos para cultivar cannabis, existen tres zonas de tolerancia en Ciudad de México y hay decenas de tiendas que venden productos derivados del cannabis sin un marco legal”.

Entre las organizaciones firmantes de la petición, entregada el pasado lunes, se encuentran México Unido Contra la Delincuencia, CEA Justicia Social, Consultoría GEA, Cannabis Libre A.C., Educannabis y Autocultivo Medicinal en México.

Subrayaron que la regulación no sólo responde a una necesidad jurídica, sino que abre oportunidades en materia de salud, desarrollo económico y fortalecimiento del campo mexicano.

“ Entre los beneficios de una regulación integral se encuentran el acceso a tratamientos terapéuticos, la generación de empleos, la inclusión productiva de comunidades rurales, la captación de ingresos fiscales y la construcción de políticas públicas orientadas a la reducción de riesgos y daños y la construcción de paz”, apuntaron.

La discusión legislativa, plantearon, debe articularse con el diseño e implementación de políticas públicas de formación, prevención y reducción de riesgos, pero que también puedan consolidarse como modelos permanentes a nivel nacional, junto con una regulación legal con enfoque de justicia social.