Su caso ha cobrado relevancia internacional luego del reciente reconocimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien visibilizó los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas en contextos de violencia.
En Guerrero existen tres casos de mujeres que han sido desplazadas por la violencia en los últimos años, según registros de CIMAC.
Durante su visita a México, Türk se reunió con la comunicadora, quien ha sido blanco de ataques por informar a comunidades indígenas sobre sus derechos. Organizaciones como Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) han insistido en que este tipo de reconocimientos deben traducirse en acciones concretas que garanticen justicia y protección.
En entrevista, Marcela de Jesús Natalia denunció que, a casi nueve años del atentado armado que sufrió en 2017, el caso continúa sin avances sustanciales. Señaló que apenas en abril de este año pudo declarar formalmente, lo que evidencia irregularidades en el proceso. Incluso, fue hasta este mismo mes cuando por fin tuvo acceso a copias de su carpeta de investigación.
A pesar de que existe una orden de aprehensión contra el presunto responsable, esta no ha sido ejecutada por las autoridades, lo que mantiene el caso en la impunidad y prolonga el riesgo para la periodista.
“ No es justo que yo tenga que huir para salvaguardar mi vida, porque no están haciendo su trabajo”, dijo al referirse al nulo trabajo de la Fiscalía.
La historia de Marcela es también una historia de resistencia. A los ocho años intentaron obligarla a casarse; logró huir, estudiar y convertirse en locutora comunitaria. En 1998 fue encarcelada durante tres años y en 2017 sobrevivió a un ataque armado. Hoy, a sus 65 años, vive desplazada, lejos de su comunidad, por ejercer su derecho a informar.
Su caso refleja la violencia estructural que enfrentan las mujeres indígenas periodistas en México.
El pasado cuatro de marzo, viajó a Guerrero para reunirse con la encargada de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; la titular del Mecanismo Estatal, Lourdes Cisneros; personal de la CEAV; el fiscal general Zipacná Jesús Torres, así como Sergio Ferrer, del Fondo de Apoyo a Periodistas, y el anterior director de RTG.
Sin embargo, en una segunda reunión virtual el 21 de abril, para revisar el avance de los acuerdos del cuatro de marzo, no logró recuperar su plaza en RTG y le ofrecieron meterla a “una lista de raya, y no estoy de acuerdo, porque estoy solicitando la reincorporación a mi plaza y mis horas dentro de la barra de programación de 5:00 a 9:00 A.M. Y ahí está atorado mi situación laboral”.Respecto a su plaza, dijo que cometieron nepotismo, porque se la dieron a la cuñada de la administradora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG).
“ En cuanto a mi carpeta de investigación, en abril me proporcionaron por fin una copia y voy a hacer la ampliación de declaración. Porque yo no he declarado en la carpeta”, reiteró.
Dijo que apenas, la CEAV estatal la reconoce como víctima en este mes de abril, “después de casi 9 años de mi atentado. También en este mes de abril se me pudo incorporar al Fondo de Apoyo a Periodistas”.
