Washington, D.C.— Un informe reciente del Instituto Cato revela un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos durante el inicio de 2026. Según la investigación, la aprobación de residencias legales permanentes se ha reducido casi a la mitad, mientras que las detenciones a cargo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) han experimentado un crecimiento exponencial.

Cifras en contraste: Menos estatus, más detenciones

El análisis, basado en datos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), detalla que en enero de este año se aprobaron apenas 34,000 tarjetas de residencia, una cifra considerablemente menor a las 65,000 emitidas en el mismo periodo de 2025.

En contraparte, las operaciones de control se intensificaron:

– Arrestos en enero 2026: Más de 38,000 migrantes detenidos.

– Arrestos en enero 2025: 12,348 detenciones reportadas.

Estrategia detrás de la suspensión de trámites

David J. Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato y autor del reporte, califica este fenómeno como un “esfuerzo deliberado” por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según Bier, la suspensión en el procesamiento de solicitudes busca impedir que personas que ya residen en el país —como refugiados, beneficiarios de libertad condicional humanitaria o cónyuges de ciudadanos— logren regularizar su situación.

” “Quitar el estatus regular es una precondición necesaria para remover a las personas del país”, concluye Bier, señalando que la campaña de deportaciones masivas depende de bloquear las vías legales de permanencia.

Factores clave del endurecimiento migratorio

La investigación atribuye la caída en las aprobaciones a tres pilares fundamentales de la administración actual:

1. Bloqueo de cambio de estatus: Se ha impedido que inmigrantes con protección temporal (parole) o estatus de refugiado transiten hacia la residencia de largo plazo.

2. Restricción familiar: Se registra una disminución del 20% en las residencias patrocinadas por familiares directos en EE. UU.

3. Ampliación de vetos: La orden ejecutiva que originalmente suspendía trámites para 19 países (como Cuba y Venezuela) se ha extendido este año a 40 naciones, incorporando recientemente a Nicaragua.

Este endurecimiento administrativo coloca a miles de personas en una vulnerabilidad legal inmediata, facilitando su arresto por parte del ICE al frustrar sus intentos por mantenerse dentro del marco de la ley.