Ciudad de México.— El Senado de la República emitió este martes la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de feminicidio, marcando un hito en la legislación penal del país. Tras obtener el aval de 27 congresos locales, la Mesa Directiva remitió el decreto al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su inmediata publicación y entrada en vigor.

Hacia una homologación nacional

La reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra los crímenes de género, la cual deberá ser promulgada en un plazo no mayor a 180 días. El objetivo central es unificar los tipos penales y estandarizar las sanciones en las 32 entidades federativas, eliminando las discrepancias jurídicas que actualmente obstaculizan la justicia.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, subrayó que esta normativa permitirá fortalecer la prevención, investigación y reparación del daño ante un delito que describió como “la manifestación más extrema de violencia sistemática contra las mujeres y niñas”.

Radiografía de la violencia en cifras

Durante la sesión, se presentaron datos alarmantes que sustentan la urgencia de esta unificación legal:

• Cierre 2025: Se registraron oficialmente 721 víctimas de feminicidio en territorio nacional.

• Primer trimestre 2026: La cifra asciende ya a 148 casos, según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

” “Definitivamente es tiempo de mujeres”, afirmó Castillo Juárez, quien enfatizó que la nueva ley busca garantizar que ninguna investigación quede sujeta a criterios locales divergentes que puedan favorecer la impunidad.

Justicia con perspectiva de género

Por su parte, la senadora Nora Rubalcava (Morena) destacó que la reforma no solo reconoce la violencia estructural, sino que busca desmontarla desde las instituciones.

” “La justicia no puede ser neutral frente a la desigualdad, debe ser transformadora”, sostuvo, insistiendo en que el debido proceso y el rigor probatorio serán los pilares para legitimar cada sentencia dictada bajo este nuevo marco.

El respaldo de los estados

La validación constitucional se logró tras el voto aprobatorio de una amplia mayoría de las legislaturas estatales, incluyendo estados como Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México, entre otros. Con este paso, México se encamina a poseer un código de respuesta uniforme ante la crisis de violencia de género.