Minneapolis, Minnesota. — La fiscalía del condado de Hennepin anunció este lunes la presentación de cargos penales contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), acusado de disparar e herir a un ciudadano venezolano durante los recientes operativos de deportación masiva desplegados por el gobierno federal en el estado.

El agente, identificado como Christian Castro, enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo por presentar una denuncia falsa en relación con el tiroteo del pasado 14 de enero, en el cual resultó lesionado Julio César Sosa-Celis. Las autoridades estatales confirmaron que ya se ha emitido una orden de arresto en contra del oficial federal.

“No existe la inmunidad absoluta”

Durante una conferencia de prensa, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, enfatizó que la posición federal del acusado no le otorga impunidad frente a las leyes locales.

” “El señor Castro es agente del ICE, pero su placa federal no lo exime de cargos estatales por su conducta delictiva en Minnesota”, aseveró Moriarty, quien además puntualizó que la víctima no representaba ninguna amenaza al momento de la agresión. “No existe la inmunidad absoluta para los agentes federales que cometen delitos en este estado o en cualquier otro”.

De acuerdo con las indagatorias de la fiscalía, el incidente ocurrió cuando dos agentes de migración persiguieron a un sospechoso hasta un dúplex residencial. En el sitio, Castro disparó en el muslo a Sosa-Celis. Las investigaciones confirmaron que tanto Sosa-Celis como el otro hombre perseguido se encontraban de manera legal en territorio estadounidense.

Desestiman acusaciones iniciales y acusan montaje

Originalmente, las autoridades federales habían procesado a Sosa-Celis y a otro residente, identificado como Alfredo Alejandro Aljorna, bajo cargos de haber agredido a los agentes con un palo de escoba y una pala para nieve. Sin embargo, un juez federal desestimó el caso tras considerar inconsistencias en la versión oficial.

Posteriormente, las agencias federales abrieron una investigación interna para determinar si los elementos de ICE rindieron testimonios falsos bajo juramento. La controversia escaló el mes pasado tras la difusión de un video de seguridad pública de Minneapolis que contradice la versión inicial de los agentes de inmigración.

Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni el Departamento de Justicia han emitido comentarios oficiales sobre el caso, aunque el DHS ha reiterado en ocasiones previas que mentir bajo juramento constituye un delito federal grave susceptible de despido y enjuiciamiento.

Choque de jurisdicciones e investigaciones abiertas

La agresión se registró en el marco de la “Operación Metro Surge”, una masiva campaña de deportación impulsada por el presidente Donald Trump que implicó el despliegue de miles de agentes en el área metropolitana de Minneapolis y St. Paul.

La presencia federal ha desatado intensas fricciones sociales y políticas en Minnesota, especialmente tras los tiroteos que cobraron la vida de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales, sucesos que desencadenaron disturbios civiles en la región.

El caso ha abierto una disputa de facultades entre el gobierno de Minnesota y la administración Trump. Mientras el gobierno federal argumenta que las autoridades estatales carecen de jurisdicción para procesar a oficiales en el cumplimiento de su deber, la fiscal Moriarty sostuvo que el estado no puede depender de que la federación se investigue a sí misma.

La fiscalía de Hennepin mantiene abiertas las investigaciones por las muertes de Good y Pretti, y en marzo pasado interpuso una demanda contra la administración federal para exigir acceso a las pruebas periciales de ambos casos.