Saltillo, Coah.- La nueva iniciativa de Ley de Archivos para el Estado de Coahuila contempla multas de 351 mil 930 y hasta 586 mil 550 pesos, así como de 3 a 10 años de prisión, por destruir documentos considerados patrimonio documental del Estado.

Asimismo, contra quien transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca sin el permiso correspondiente, un documento considerado patrimonio documental.

De igual manera, por impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa justificada; actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, administrativa, ambiental o tecnológica para la conservación de documentos.

Lo mismo por usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, la documentación, y por omitir la entrega de algún documento bajo custodia de una persona al separarse del cargo, empleo o comisión.

Además, las infracciones serán graves si son cometidas en contra de documentos que contengan información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos.

La propuesta, enviada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas al Congreso del Estado, que permitirá una mejor conservación de los documentos y facilitar su acceso y consulta por parte de la ciudadanía, a fin de generar espacios de diálogo, discusión e inclusive denuncia, incluye multas de mil 173 y hasta 175 mil 965 pesos, por violar diversas disposiciones del ordenamiento.

Se contempla crear el Sistema Estatal de Archivos, encargado de articular, regular y supervisar las políticas archivísticas en Coahuila, lo que permitirá la colaboración efectiva entre los sujetos obligados, y la homologación de criterios técnicos y operativos en la gestión documental.

Se establecerá el Consejo de Archivos, como órgano colegiado de coordinación, consulta y toma de decisiones estratégicas, que favorecerá la conducción técnica y asegura la alineación de esfuerzos institucionales en la materia.

Además del presupuesto asignado, el Poder Ejecutivo podrá crear y administrar el Fondo de Apoyo Económico para los Archivos Locales, a fin de recaudar recursos que fortalezcan la infraestructura, capacitación, digitalización y modernización de los archivos en la entidad.

El Archivo General del Estado se convertirá en un organismo público descentralizado no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión.

La propuesta reconoce el papel fundamental de los archivos en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la fiscalización y la prevención de la corrupción.

Dispone que la protección de datos personales, la verdad histórica y la memoria colectiva son elementos fundamentales que deben guiar la actuación de las autoridades en materia archivística.

El ordenamiento se homologa con la Ley General de Archivos, de carácter federal, publicada el 15 de junio de 2018, a fin de establecer una organización y administración homogénea del acervo, lo que garantiza coherencia normativa, seguridad jurídica y la adecuada implementación de políticas públicas archivísticas en el estado.