Ciudad de México.– Tras cumplirse un mes de la revelación de la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, el grupo atraviesa una situación jurídica y personal dispar: mientras unos han buscado protección en la FGR, otros han optado por la licencia al cargo, uno ya está bajo custodia estadounidense y tres permanecen prófugos.

El expediente, hecho público el 29 de abril, sacude los cimientos de la administración sinaloense al señalar a los imputados de facilitar impunidad, información operativa y favores políticos a cambio de sobornos millonarios.

Estrategias de defensa en México

Ante el avance de las indagatorias, la mayoría de los señalados ha buscado deslindarse mediante licencias temporales y comparecencias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

– Rubén Rocha Moya: El gobernador solicitó licencia temporal y se presentó ante la FGR el 26 de mayo, asegurando estar dispuesto a atender cualquier llamado de la autoridad investigadora.

– Enrique Inzunza Cázarez: El senador de Morena, señalado como el principal vínculo político entre el Estado y el cártel, solicitó licencia al Senado el 28 de mayo para evitar la distracción de los debates legislativos.

– Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal), Marco Antonio Almanza (exjefe de la PDI) y Juan de Dios Gámez (alcalde de Culiacán): Todos han solicitado licencias a sus cargos. Aunque comparecieron ante la FGR el 26 de mayo, sus posturas varían: mientras algunos claman inocencia y descartan colaborar como testigos protegidos, otros han guardado un hermético silencio ante la prensa.

El frente internacional: detención y paraderos inciertos

El escenario es distinto para quienes tuvieron responsabilidades directas en la seguridad y el manejo de recursos:

– Gerardo Mérida Sánchez: El exsecretario de Seguridad Pública rompió filas el 11 de mayo al entregarse voluntariamente a autoridades estadounidenses en la garita de Nogales. Actualmente, se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, compartiendo recinto con figuras como Ismael “El Mayo” Zambada.

– Enrique Díaz Vega: El exsecretario de Finanzas fue ubicado en Europa a mediados de mayo. Sin embargo, pese a las versiones sobre un supuesto resguardo de autoridades, los registros de la Corte del Distrito Sur de Nueva York no confirman su detención.

– Los prófugos: El caso más grave lo protagoniza Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), excomandante de la Policía Municipal, buscado no solo por narcotráfico, sino por el secuestro y asesinato de un informante de la DEA. Junto a él, Alberto Jorge Contreras Núñez (“El Cholo”) y José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”) permanecen sin paradero conocido, evadiendo una estructura de justicia que les imputa desde el cobro de sobornos mensuales hasta la manipulación de piezas policiales estratégicas.

La celeridad de los procesos en Estados Unidos contrasta con el lento avance de la justicia local, dejando un vacío institucional en Sinaloa mientras se esclarece el alcance real de esta presunta red de protección criminal que operó, según la acusación, desde las más altas esferas gubernamentales.

Con información de LATINUS