Washington, D.C.– En un movimiento estratégico que busca mitigar el impacto económico en sectores clave, el gobierno de Donald Trump anunció este lunes 1 de junio un ajuste temporal a los aranceles sobre el acero, el aluminio y el cobre, materiales que habían sido gravados bajo la premisa de representar una “amenaza para la seguridad nacional”.

Los alcances del ajuste

A través de una orden ejecutiva, la administración federal redujo del 25 al 15 por ciento los aranceles aplicables a equipos agrícolas —incluyendo cosechadoras y segadoras— y a sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Asimismo, la medida amplía la categoría de equipos industriales beneficiados con la tasa del 15 por ciento, integrando excavadoras y montacargas, siempre que provengan de países con acuerdos comerciales vigentes con Estados Unidos.

Estos cambios, que estarán vigentes hasta finales de 2027, también establecen un esquema de incentivos: los países que utilicen al menos un 85 por ciento de metales fundidos y vertidos o colados en Estados Unidos podrían acceder a una tasa arancelaria reducida del 10 por ciento, fomentando así el consumo de insumos estadounidenses.

Antecedentes y contexto político

La política arancelaria ha sido una constante en la administración de Trump. Los gravámenes originales fueron impuestos bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, una normativa que permite restringir importaciones por motivos de seguridad nacional.

Tras la renovación de estos impuestos en abril de 2025, el gobierno elevó drásticamente las tasas sobre acero y aluminio al 50 por ciento en junio de ese mismo año, y posteriormente fijó tarifas para productos derivados fabricados mayoritariamente con estos metales y cobre.

A pesar de que el presidente Trump justificó esta modificación temporal como un reconocimiento al papel de estos equipos en la “actividad económica productiva” del país, las reacciones en el ámbito legal y político apuntan a una motivación electoral.

¿Medida económica o “migaja electoral”?

Barry Appleton, profesor de derecho y codirector del Centro de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Nueva York, desestimó que los ajustes representen un alivio estructural para el campo. Según el experto, la decisión responde a la crisis de quiebras agrícolas y al descontento en estados clave, factores que amenazan el control republicano en el Congreso.

” “Esta proclamación es la respuesta de la Casa Blanca: darle una migaja al cinturón agrícola antes de que los votantes acudan a las urnas”, sentenció Appleton, sugiriendo que la medida busca frenar el desgaste político ante la proximidad de los comicios de mitad de mandato.