Nuevo México.- La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, afirmó el lunes que las autoridades estatales podrían reclamar millones de dólares en daños civiles luego de que se revelara que agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitieron en repetidas ocasiones que cargamentos de fentanilo llegaran a comunidades afectadas por las drogas, mientras los investigadores intentaban construir casos penales de mayor alcance.

La mandataria demócrata adelantó que llevará su reclamo “directamente a la Casa Blanca y al Congreso” para exigir garantías de que la DEA ya no utiliza esa estrategia en Nuevo México y de que no se está replicando en otras regiones del país. De acuerdo con la gobernadora, las sobredosis se han incrementado en el estado, en contraste con la disminución de muertes por fentanilo registrada en otras entidades de Estados Unidos.

“Se trata de un fracaso asombroso del gobierno federal”, declaró Lujan Grisham durante una conferencia de prensa realizada en la oficina del médico forense estatal en Albuquerque, donde se sumó a un grupo de agentes del orden y funcionarios estatales y locales que también exigieron explicaciones. La gobernadora calificó lo ocurrido como “repugnante y despreciable”. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la DEA han respondido a las solicitudes de comentarios.

Las declaraciones se dieron una semana después de que The Associated Press revelara que agentes de la DEAmonitorearon en múltiples ocasiones —sin incautar— cargamentos de fentanilo, como parte de una estrategia para construir casos penales más sólidos entre 2023 y 2025.

Agentes actuales y anteriores de la agencia, entre ellos el denunciante David Howell, señalaron a la AP que dicha estrategia equivalía a poner en riesgo la seguridad pública y que podría haber violado normas del Departamento de Justicia de Estados Unidos establecidas para proteger a la ciudadanía.

En un primer momento, la DEA rechazó la acusación de Howell mediante un comunicado enviado a la AP. Posteriormente, la agencia solicitó al organismo de supervisión independiente del Departamento de Justicia que llevara a cabo su propia investigación.

El fentanilo no fue incautado en medio de lo que se considera la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, y mientras la DEA encabezaba la campaña de concientización pública “One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”), en la que se advertía que incluso unos pocos miligramos de la sustancia pueden resultar letales.