Cuando el Banco Mundial tomó la tarea de financiar la operación del Estado mexicano, sustituyendo al Fondo Monetario Internacional, entre las cosas que cambiaron radicalmente para bien, fue la forma de hacer obra pública; donde la dependencia preparaba un proyecto ejecutivo, invitaba a empresas especialistas en el tema, no necesariamente nacionales, que en algunos casos integraban consorcios, y al ganar la titularidad del contrato, con recursos propios, realizaban el proyecto, y una vez terminado, lo entregaban y cobraban el monto acordado en un financiamiento tipo arrendamiento a 20 o 30 años.

Con esa modalidad, se construyeron plantas de ciclo combinado para CFE, redes eléctricas, instalaciones de Pemex y autopistas; entre sus ventajas tenían que comprometían menos las finanzas públicas.

Como ofrecían mayor control del presupuesto, se evitaba la corrupción; por eso, se dejaron de seguir.

Aberraciones como lo que es normal y cotidiano en la 4T, arreglos con proveedores cercanos a la familia del presidente, sobreprecios, incompetencia en la realización del proyecto y la operación de la obra, no sucedían, pues un consorcio era responsable, no amigos del reyecito.

Muchos mexicanos tienen ilusión con ser como Dinamarca o cualquier otro país del norte de Europa, cuando, en realidad, ya somos peor que muchas repúblicas del Cuerno de África.