Ciudad de México.– El fracking en México no está prohibido por ley, pero su desarrollo enfrenta tres obstáculos principales: la disponibilidad de agua, la inseguridad en las zonas con potencial de explotación y la falta de inversión, coincidieron especialistas en energía consultados sobre el tema.

Gonzalo Monroy, experto en energía, explicó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obradorexistió un veto político a esta técnica, aunque nunca se modificó la legislación para prohibirla formalmente. Es decir, la puerta legal sigue abierta, pero las condiciones para operar no están dadas.

Ramsés Pech, también especialista en energía, recordó que México depende en gran medida del gas estadounidense, extraído en su mayoría mediante fractura hidráulica, y que replicar ese modelo en territorio nacional no será sencillo.

El agua, el principal cuello de botella

Ambos expertos señalaron que el mayor obstáculo para desarrollar el fracking a gran escala en el país es la disponibilidad de agua, pues un proyecto de esa magnitud requeriría miles de pozos al año para lograr una reducción significativa en las importaciones de gas.

Inseguridad en las zonas clave

Las principales cuencas con potencial para el fracking, Burgos y Sabinas, ubicadas entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, enfrentan además problemas de seguridad que tendrían que resolverse antes de que la zona resulte atractiva para inversionistas.

Inversión de largo plazo, la otra barrera

Los especialistas indicaron que sería necesario construir un marco legal, económico y contractual que permita desarrollar estos proyectos, además de infraestructura para el manejo de agua, petróleo y gas. Destacaron que, en las condiciones actuales, importar gas natural desde el sur de Texas resulta más barato que producirlo en México, lo que hace aún menos atractiva la inversión inmediata.

De acuerdo con Pech, si se resuelven estos tres frentes, México podría reducir su dependencia del gas estadounidense en un periodo de entre 10 y 15 años, aunque advirtió que el proceso no será inmediato y dependerá del esquema contractual que adopte el país.