Almoloya de Juárez.– El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido y presentado ante la justicia por su presunta responsabilidad en los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada, tras ser señalado de ordenar la destrucción y ocultamiento de evidencias clave sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

Durante la audiencia de imputación realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso los testimonios de testigos colaboradores que apuntan directamente a una estructura de encubrimiento operada desde la cúpula del poder estatal.

Revelaciones clave de los testigos y nexos criminales

De acuerdo con los datos de prueba presentados en la diligencia y reportados por medios nacionales, los testimonios señalan que el exmandatario estatal exigió la entrega de las videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia en Iguala. Dichas cámaras habían captado el momento exacto en el que el autobús con los estudiantes fue interceptado por corporaciones policiales municipales y estatales.

Entre las motivaciones expuestas por los testigos destacan:

– Protección familiar: Aguirre Rivero habría expresado su preocupación debido a que su sobrino, Ernesto Aguirre Gutiérrez, presuntamente estaba vinculado con el grupo delictivo Guerreros Unidos y tenía conocimiento previo de los hechos.

– Financiamiento e injerencia criminal: Testimonios de líderes delictivos, como Sidronio Casarrubias Salgado —alias El Sapo Guapo—, afirmaron que la organización criminal aportó recursos para la campaña a la gubernatura de Aguirre Rivero, existiendo una relación de complicidad y temor mutuo.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que el ocultamiento de las grabaciones no constituyó un acto aislado ni una simple omisión técnica, sino una “operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal” para borrar todo rastro de la complicidad institucional.

Situación jurídica actual

Tras su captura registrada el pasado 6 de agosto en el Estado de México, un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el exgobernador permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 (“El Altiplano”), a la espera de que se resuelva su situación jurídica definitiva en las próximas horas.

Con información de INFOBAE