Saltillo, Coah.— “Sino presentas los avisos o no cumples con estas obligaciones, hay multas que llegan a ser millonarias, hasta de 7 millones de pesos, luego parecen absurdas, pero hay clientes que reportan que sí les han querido cobrar ese tipo de multas”, externó Alejandro Flores Espinosa, presidente del IMEF Coahuila-Sureste, respecto a las recientes modificaciones a la a Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En entrevista para +Patrimonio de Tele Saltillo, reconoció que estas medidas abonan en el fortalecimiento de la economía formal, en beneficio de las finanzas públicas, lo contribuye en un mayor bienestar de la ciudadanía.

Explicó que las empresas y personas físicas que realicen actividades vulnerables deberán estar registradas, informar sobre el beneficiario y controlador, presentar avisos ante el SAT sobre situaciones de riesgo, integrar expediente de los clientes, que anteriormente se tenían que conservar por 5 años, pero ahora será por hasta 10 años. Así mismo, los prestadores de servicios, deberán capacitar a su personal al respecto.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público endureció las reglas para prevenir y detectar operaciones con recursos ilícitos con lo que ahora deberá contar con procesos de evaluación de riesgos, diseñados para identificar, analizar y mitigar las amenazas de que las operaciones sean utilizadas con fines ilícitos.

La entrada en vigor será el 30 de noviembre de 2026, aunque ciertas disposiciones, como la evaluación formal de riesgos y la puesta en práctica de mecanismos automatizados, se extenderán a lo largo de 2027 y 2028 para permitir la adecuada adaptación de los sujetos obligados.

“ Cada vez se ha puesto más dura y estricta la autoridad para evitar el lavado de dinero en México, en parte, como resultado de los acuerdos internacionales”, explicó.

Vistazo a fondo…

La Secretaría de Hacienda identificó 12 modificaciones principales al modelo para la prevención del lavado de dinero.

Se trata del Enfoque Basado en Riesgo (EBR); la clasificación de clientes; medidas para personas políticamente expuestas; la identificación del beneficiario controlador y los avisos en un plazo de 24 horas.

También se establecen manuales de políticas internas; capacitación y selección de personal; auditorías; medidas para fideicomisos y otras figuras jurídicas; mecanismos automatizados de monitoreo; y notificaciones electrónicas.

El paquete incluye disposiciones específicas para asociaciones y organizaciones sin fines de lucro.

Las reglas se implementarán de forma escalonada: en noviembre próximo entran en vigor con seis meses de capacitación para que en marzo de 2027 se logre el cumplimiento total de las nuevas obligaciones.