Ciudad de México.- Una jueza federal declaró hoy en quiebra a la aerolínea Magnicharters, que cesó repentinamente todas sus operaciones en abril pasado.

Tessy del Rocío Covarrubias, jueza primera de Distrito de Concursos Mercantiles, declaró procedente la solicitud de quiebra promovida por la empresa Grupo Aéreo Monterrey el pasado 20 de mayo, y ordenó la designación de un síndico para que tome posesión de los bienes y los ponga en venta.

“ Se ordena al síndico que de inmediato inicie las diligencias de ocupación, mediante inventario, de libros, papeles, documentos, medios electrónicos de almacenamiento y proceso de información, existencia en caja y todos los bienes de las concursadas declaradas en quiebra, que se encuentren en posesión de éstas y de otra persona”, se lee en la sentencia.

La jueza no ha publicado su sentencia completa, por lo que se desconoce el monto de las deudas de la aerolínea y quienes son sus acreedores, aunque ha trascendido que hay alrededor de 500 adeudos reconocidos inicialmente por el juzgado, que el pasivo con los trabajadores es de 161 millones de pesos, y que podría deber 150 millones a agencias de viajes por paquetes vendidos que no cumplió.

Covarrubias también resolvió que la quiebra de las filiales de Grupo Aéreo Monterrey se debe tramitar cada una por separado, y no en un solo expediente, como hasta ahora. Dichas filiales incluyen a la agencia de viajes Magnitur y la empresa de traslados por tierra Magnibus.

Magnicharters operaba con tres aviones Boeing 737-300 que se mantienen en un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). De ser propiedad plena de la empresa, podrían ser los principales activos de los que se puedan obtener recursos para pagar a acreedores.

La jueza ha autorizado en semanas recientes varias diligencias para extraer el combustible de las aeronaves, proceso técnico especializado, que es necesario por razones de seguridad.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) canceló el certificado de operador de servicios aéreos de Magnicharters el pasado 29 de junio.

Además, la declaración de quiebra implica la pérdida del título de concesión, que otorga la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y es distinto al certificado técnico de operación expedido por la AFAC.

Por tratarse de una empresa que operaba un servicio público concesionado, la jueza ordenó notificar a la SICT, que tiene facultades legales para proponer el nombramiento del síndico y autorizar la eventual venta de bienes de la aerolínea.