Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Gobierno federal no tiene atribuciones para investigar al Gobierno de Nuevo León.

Cuestionada en la mañanera sobre las triangulaciones vinculadas al Gobernador Samuel García, la Mandataria federal afirmó que la atribución para indagar uso de recursos federales es de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

-Sobre la investigación que está haciendo la Auditoría Superior sobre presuntas triangulaciones de millones de pesos del Gobierno de Samuel García, recursos que habrían sido desviados a despachos de abogados vinculados con familiares, ¿Habrá alguna intervención por parte del Gobierno federal para que estas investigaciones sean transparentes y e garantice que se va a investigar y se esclarezca el destino de estos recursos públicos y en su caso se finquen responsabilidades?, se le preguntó a la Presidenta.

“Las atribuciones del Gobierno Federal sobre los gobiernos estatales en términos de investigación, es decir, no tiene atribución Raquel para investigar al gobierno de nuevo León o a ningún gobierno estatal”, respondió Sheinbaum.

“¿Quién tiene atribución cuando hay uso de recursos federales? La auditoría superior de la Federación. Si la auditoría superior de la Federación solicita algo a la UIF o alguna información por parte de la Secretaría de Hacienda, se tiene que proporcionar, pero no le corresponde al Gobierno federal la sanción. Ese es el Estado Federal que nosotros tenemos, y afortunadamente lo tenemos porque hay autonomía de los estados”.

“Si son recursos estatales, pues es la propia auditoría del estado de Nuevo León, quien debe proceder

-¿Pero sí puede coadyuvar en esta situación?, se le insistió.

“Si solicita información la auditoría superior de la Federación, por supuesto”, aseguró.

El viernes pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló la triangulación de recursos públicos hacia el despacho del Gobernador Samuel García y su familia como parte de una investigación dentro de los informes de cuenta pública 2025.

En la investigación del órgano de fiscalización revelada en la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, Aureliano Hernández, informó de al menos 728.13 millones de pesos del erario de Nuevo León desviados a través de un patrón que implica contratos públicos, transferencias entre empresas y movimientos de recursos hacia particulares, que terminaron en el despacho del Gobernador, Firma Jurídica y Fiscal.