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Redacción
Publicado el jueves, 5 de noviembre del 2026 a las 11:29
Saltillo, Coah.- El uso de dinero en efectivo continuará vigente en México y no desaparecerá con la entrada en vigor de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada por el Gobierno federal en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque la legislación abre la posibilidad de que los pagos electrónicos se conviertan en la única opción en determinados sectores estratégicos.
La nueva normativa establece que, ante contingencias que impidan recibir pagos digitales, los establecimientos podrán aceptar dinero en efectivo o cheques, por lo que no contempla una eliminación generalizada de las operaciones con billetes y monedas.
Sin embargo, sí establece un cambio en la forma de realizar transacciones comerciales, pues contempla que las transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR y otras herramientas tecnológicas puedan convertirse en los únicos medios de pago en ciertas actividades o sectores que serán definidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia tendrá 15 días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la legislación, para determinar cuáles serán esos sectores. Posteriormente, las autoridades competentes dispondrán de otros 15 días hábiles para establecer las reglas, obligaciones y condiciones de implementación.
La ley también contempla la participación del Banco de México, que podrá implementar herramientas para facilitar las transferencias electrónicas, homologar la experiencia de uso de las aplicaciones financieras y establecer, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, disposiciones para facilitar la recepción de pagos mediante códigos QR en terminales punto de venta.
Entre los cambios adicionales se encuentra la posibilidad de utilizar la CURP Digital como documento de identificación para solicitar y contratar productos bancarios y financieros a distancia.
Asimismo, las instituciones financieras deberán aceptar, cuando así lo soliciten los usuarios, la consulta y portabilidad de documentos contenidos en el Expediente Digital Ciudadano, cuyos archivos tendrán los mismos efectos jurídicos que los documentos físicos.
La legislación forma parte de una estrategia federal para impulsar la digitalización de las operaciones comerciales, los servicios financieros y los trámites gubernamentales.
El decreto entró en vigor el 5 de noviembre, un día después de su publicación en el DOF. Su implementación dependerá de las disposiciones que emitan Hacienda y las autoridades responsables de cada sector.
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