Dallas, EU.- El Senado del estado de Carolina del Sur aprobó hoy una propuesta de ley de inmigración que, como la de Arizona, autoriza a la policía cuestionar por una “sospecha razonable” el estatus migratorio de personas arrestadas en esa entidad.

La iniciativa “S.20”, votada este jueves luego de un largo debate, pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde tiene amplias posibilidades de ser también aprobada al haberse convertido en una prioridad en el actual periodo legislativo.

De acuerdo con analistas políticos, la gobernadora republicana Nikki Haley, quien sirvió dos periodos como representante estatal, es una promotora del endurecimiento de las leyes contra la inmigración ilegal y no existe duda de que firmará una iniciativa como la S.20.

En caso de ser aprobada y promulgada como ley, sin enmiendas a su texto, la S.20 podría tener una suerte similar a la SB 1070 de Arizona cuyas partes claves permanecen suspendidas por una corte federal que analiza su constitucionalidad.

Los opositores de la iniciativa argumentan que el lenguaje del proyecto de ley hace que “la sospecha razonable” pueda ser motivada por la raza, el color o el origen nacional de la persona y fomentar el perfil racial tal como se intenta en Arizona.

El senador estatal republicano Larry Martin, explicó que la propuesta fue elaborada de forma que evitara demandas legales en contra, dado que los agentes de policía no podrán detener a nadie sólo por “sospecha razonable”.

Dicha condición de sospecha será aplicada sólo para quienes ya han sido detenidos o arrestados bajo otras causas, aclaró el legislador en un comunicado este jueves.

Sin embargo, la iniciativa contiene además de la “sospecha razonable”, varias secciones controversiales en su afán de dotar al estado de Carolina del Sur de las herramientas necesarias para combatir por sí mismo la inmigración ilegal.

En una de las secciones se establece como delito estatal el ingresar o permanecer en forma indocumentada en territorio estadunidense y el que el inmigrante permita ser transportado o intente transportarse dentro de Carolina del Sur.

También establece como delito para cualquier persona en forma consiente de albergue o transporte a algún inmigrante indocumentado.

El proyecto de ley también convierte en delito el producir o vender una identificación falsa a un inmigrante indocumentado y establece una multa de 25 mil dólares para castigar a quien incurra en ello.

La pena es mucho más severa que las establecidas para aquellos que elaboren identificaciones falsas utilizadas por los adolescentes estadunidenses para adquirir bebidas embriagantes e ingresar a sitios para adultos.

La S.20 también establece un impuesto del 1.0 por ciento (con un mínimo de cinco dólares) a las transferencias electrónicas de dinero que se realicen desde esa entidad hacia otros países.

Los recursos, de acuerdo a la propuesta, servirán para financiar una unidad de control migratorio que sería creada por la nueva ley.