México.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec) alertó sobre el riesgo de un mayor endeudamiento de los estados que aún no se pronuncian sobre el remplazo de la tenencia vehicular a partir del año 2012 por otra fuente de ingresos, cuyo déficit ascendería a 20 mil millones de pesos.

El presidente del organismo, Javier Pérez Torres, dijo que en esta situación se encuentran el Distrito Federal, y los estados de México, Baja California Sur, Baja California, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Coahuila, Michoacán, Morelos, Sonora y Veracruz.

En conferencia de prensa, señaló que eliminar el gravamen representaría perder cada año en forma creciente más del doble de lo que las propias entidades perdieron con la crisis financiera de 2009, es decir, poco más de nueve mil millones de pesos.

Agregó que, en lo general, las finanzas de las entidades federativas observan un creciente deterioro al no crecer sus ingresos al ritmo de las necesidades de su población, ni de sus rubros de gasto en educación, salud y seguridad.

Esta situación se agravará en forma significativa en aquellas entidades que dejen de recaudar el impuesto vehicular a partir del 1 de enero de 2012 y no logren remplazar esa fuente de ingresos.

Refirió que el impuesto sobre la tenencia vehicular en México es una de las contribuciones más significativas por el simple hecho de que lo pagos más altos los realiza el contribuyente con mayor capacidad económica.

Por esos motivos, prácticamente en todos los países en que existe este impuesto se determina en función al valor del bien.

No obstante se ha extendido la percepción de que es conveniente quitarlo o no establecerlo como impuesto local, pese a que gran parte de este gravamen se utiliza para concretar servicios y obras públicas.

Afirmó que el establecimiento del impuesto por las legislaturas locales asegura su conservación, sin tener que aumentar la carga fiscal a los contribuyentes.

Dejar de aplicar el impuesto a la tenencia equivaldría a quitar de golpe 84 por ciento la cantidad de policías en los estados y Distrito Federal, o bien cancelar cada año más de 30 por ciento de la obra pública que se realiza con recursos propios, o suprimir en más de 70 por ciento los servicios de agua potable.

Todo esto debido a que la recaudación de la tenencia representa prácticamente 20 por ciento de los ingresos propios de las entidades, 51 por ciento de los impuestos locales y 66 por ciento del valor de su impuesto sobre nómina.

La pérdida podría significar que varios estados no cuenten con recursos propios para realizar inversión y obra pública directa o, peor aún, que la gran mayoría se verán obligados a elevar significativamente el endeudamiento.