Madrid.- Agentes de la Policía Nacional española, en una operación conjunta con la policía catalana, detuvieron a 20 individuos pertenecientes a una organización criminal especializada en la falsificación y uso fraudulento de tarjetas de crédito.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, fueron detectadas más de un millar de operaciones fraudulentas por un importe próximo a los 900 mil euros (un millón 283 mil dólares).

La red falsificadora cometía sus ilícitos en Cataluña, noreste español; Madrid, Asturias, al norte, y Galicia, al noroeste.

El Ministerio indicó que además de entidades bancarias en España, también se han visto afectadas otras en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

En la operación se practicaron 10 registros domiciliarios, además de haberse desmantelado un taller de falsificación de tarjetas.

Las investigaciones se iniciaron en septiembre pasado en Cataluña debido a una denuncia interpuesta por parte de una entidad bancaria, que ponía de manifiesto la detección de operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito por importes muy elevados de dicha entidad y otras emitidas en Estados Unidos y Australia.

Paralelamente se obtuvieron más informaciones sobre otros casos en Madrid, Galicia y Asturias.

La organización criminal basaba su actividad delictiva en captar a terceras personas que contrataban en diferentes bancos y cajas de ahorros datáfonos, simulando disponer de algún negocio.

Una vez que obtenían el terminal TPV lo entregaban a un gestor que simulaba contratos mercantiles con personas inexistentes.

De este modo, en caso de ser descubiertos aparentaban que las operaciones fraudulentas las había realizado un comercial encargado de los cobros que había trabajado en la empresa.

Tras las investigaciones se pudo comprobar que los datáfonos eran finalmente entregados al núcleo de la organización, compuesto por varias personas magrebíes expertas en informática.

Éstos compraban a piratas informáticos, establecidos en Rusia y República Dominicana, numeraciones de tarjetas para luego falsificarlas y realizar compras inexistentes en dichos TPV a cargo del titular legítimo de la tarjeta.

El dinero obtenido se ingresaba en cuentas bancarias vinculadas a la contratación de los datáfonos y posteriormente se traspasaba a otras para efectuar el reparto.