Washington.- La red de suministro de armas de alto poder al Cártel de Sinaloa, presuntamente dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, era el blanco principal de la fallida operación Rápido y Furioso, señaló hoy un reporte legislativo.

Un informe de dos mil 359 páginas de extensión elaborado por la mayoría republicana del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes concluyó lo anterior al cabo de una investigación que incluyó la revisión de más de 10 mil documentos y unas 24 entrevistas.

“Durante el verano de 2009, la administración de Obama creó una nueva estrategia para detener el flujo de armas ilegales de los Estados Unidos a los cárteles de las drogas mexicanos”, señaló el reporte titulado “La Anatomía de una Fallida Operación: Parte I de III”.

“La operación Rápido y Furioso nació de esta estrategia. El plan de la administración cambió el énfasis en combatir a los cárteles de las drogas de enfocarse simplemente en confiscar armas a identificar las redes que las tráfican (…) pero este esfuerzo tuvo un éxito mixto”, señaló.

El informe sostuvo en ese sentido que cinco funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) fueron responsables de la comisión de “traspiés, malos juicios y de una estrategia inherentemente imprudente”.

Los cinco altos funcionarios de la ATF identificados son el director en funciones Kennet Melson, el subdirector William Hoover, el director de la división de Phoenix, William McMahion, el agente especial William Newell y el director adjunto de operaciones Mark Chait.

Desde el inicio de la pesquisa los cinco funcionarios han sido reasignados dentro de las filas de la ATF, la cual experimentó a su vez una transformación interna a raíz de Rápido y Furioso.

El informe sostiene que especialmente Newell tenía una “meta audaz”: “intentaba desmantelar la red de tráfico de armas” que abastecía al cártel mexicano de Sinaloa.

“Cuando la administración Obama resucitó un caso previo en donde la división uso imprudentes tácticas para dejar ‘caminar’ las armas, Newell vio la oportunidad”, según el reporte.

Para ello la ATF instruyó a los agentes a no confiscar armas y la procuraduría de Arizona convenció a los distribuidores de armas a cooperar con información en tiempo real. Aunque se les aseguró que las armas serían decomisadas, “eso fue falso”, sostuvo el reporte.

“La ATF y la Oficina de la Procuraduría en Arizona fallaron en considerar y proteger la seguridad de los estadunidenses y de los mexicanos, y de otros agentes policiales”, dijo el presidente del Comité de Supervisión, el republicano por California, Darrell Issa.

“La ATF dilapidó tiempo, dinero y recursos en intercepciones y puso en peligro a agentes”, añadió su colega, el senador republicano de Iowa, Charles Grassley. Ambos aludían a la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza (PF) Brian Terry en 2010.

La investigación sostuvo que la mención de los cinco funcionarios no exime la posible responsabilidad de otros funcionarios de la administración Obama.

Durante las audiencias de la investigación, los republicanos acusaron al Departamento de Justicia de “encubrimiento criminal” con motivo de “Rápido y Furioso”, una acusación que sirvió de base para declarar al procurador Eric Holder de desacato en junio pasado.

El documento es el primero de tres reportes que serán entregados por el Comité de Supervisión, en momentos que aún se aguarda la divulgación del informe especial que elabora el Inspector General del Departamento de Justicia.

Aunque Holder declaró que el reporte oficial será dado a conocer este año, no existe no un plazo ni una fecha tentativa de su conclusión.

Tanto el liderazgo demócrata del Senado como la Casa Blanca han denunciado la investigación de los republicanos como un intento de anotarse puntos políticos en un año electoral, en lugar de reforzar la legislación que ayude a frenar el tráfico de armas a México.