Ciudad de México.- A poco más de un año de que el Congreso de la Unión aprobara la Ley de Amnistía para liberar de la cárcel a personas de grupos vulnerables acusadas por los delitos de aborto, contra la salud, sedición y robo, bajo ciertos criterios específicos, solo ha procedido la liberación de cinco personas.

Así lo informó el Instituto Belisario Domínguez (IBD) de la Cámara de Senadores, a través del estudio “Avances en el proceso de implementación de la Ley de Amnistía a un año de su entrada en vigor”, elaborada por la investigadora Susana Ramírez.

“ La Secretaría de Gobernación confirmó cinco liberaciones por procedencia de amnistía, como resultado de las audiencias que se han tenido con jueces federales de entidades federativas para resolver sobre el otorgamiento del beneficio a treinta y ocho solicitudes recibidas por la Comisión en marzo del año en curso”, expresa el documento.

“ Cabe destacar, que se observa que la información disponible en materia de solicitudes no cuenta con un mecanismo único y eficiente de datos y consulta que permita darle un seguimiento puntual al número de solicitudes presentadas, a los procesos de determinación y a las amnistía otorgadas o negadas”, expone el estudio del Senado.

De acuerdo con los datos aportados por la Comisión de Amnistía, el órgano encargado de recibir las solicitudes de liberación anticipada se contaba con mil 115 casos para dictaminar, de los cuales 942 eran hombres (84%) y 173 son mujeres (16%). De esos casos, 67 son personas indígenas, 56 hombres y 11 mujeres.

El documento del IBD refiere que en solo cinco entidades se ha aprobado una ley de amnistía estatal armonizada con la Ley de Amnistía de carácter federal: Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Tlaxcala y Durango.  

Por otro lado, afirma que se requiere de otras acciones institucionales integrales y complementarias que ayuden a garantizar la no repetición de hechos similares y poder cumplir con el objetivo real del mecanismo.

Por ejemplo, es necesario avanzar en la despenalización del aborto para evitar que se siga encarcelando a las mujeres que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos.

La investigación concluye señalando que la intervención del Senado resulta fundamental en el seguimiento de todos los procesos que giran en torno a las amnistías, con el fin de garantizar que sea un mecanismo de justicia eficiente, efectivo, rápido y de fácil acceso.