Queridas y queridos amigos, esta semana quiero referirme a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) que es la agencia del Gobierno federal, encargada de impulsar la política de mejora regulatoria en nuestro país, cabe mencionar que este órgano fue creado desde el 2000, conforme a las reformas hechas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y posteriormente, desde 2018 conforme a lo dispuesto por la Ley General de Mejora Regulatoria surge la actual Comisión, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, al que se le dotó de autonomía técnica y operativa con el objeto de promover la mejora de las regulaciones y simplificación de trámites y servicios, buscando el máximo beneficio para la sociedad.

A partir de la revisión del marco regulatorio y a través de asesoría a las autoridades competentes sobre la regulación en actividades o sectores específicos, como es el caso del sector eléctrico.

Si bien es cierto, este Gobierno se ha venido distinguiendo por lo que deshace –sistemáticamente– y –si bien es cierto– están en posición de apostar –erróneamente– en sus políticas y prácticas conservadoras, incluso si esa visión –es contraria al medio ambiente– en lo que no tienen derecho es en montar un escenario que les permita imponer esas políticas de manera unilateral y con desaseo, valiéndose de la actual emergencia sanitaria, la secretaria Nahle publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Con el acuerdo no solo se afecta de manera directa la inversión en energías renovables, como lo son los proyectos eólicos y fotovoltaicos, sí, la energía eólica, la que el titular del Ejecutivo criticó el 28 de marzo –incluso cuando ya se había declarado la Jornada Nacional de Sana Distancia– en un paseo que se permitió por la Rumorosa y para lo que se dio tiempo incluso de hacer un pequeño video en el que dijo: “Miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural, cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores”.

La cuestión es que este es un país, que cuenta con un marco jurídico e instituciones, dicho Acuerdo es una maniobra más gestada en la ilegalidad, con la que además de frenar la competencia en el mercado, obstaculizando –por decir lo menos– la entrada en vigor de las nuevas centrales de energía renovable, la secretaria Nahle pidió la publicación del acuerdo, sobre el argumento de que las centrales eólicas y solares están causando inestabilidad en la red de transmisión ante la caída de la demanda de energía eléctrica a causa de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, la Conamer, con apego a las disposiciones jurídicas y normatividades aplicables y por la naturaleza del acuerdo, señaló que el instrumento, si bien establece lineamientos generales, incluye líneas de política para –todos los integrantes– de la industria eléctrica, lo que significa requerimientos adicionales a los establecidos en la ley, al existir una probable afectación de los derechos, prestaciones u obligaciones de los integrantes de la industria eléctrica, lo que representaría costos de cumplimiento, por lo que debía sujetarse a un análisis más exhaustivo y al procedimiento de mejora regulatoria a través de un Análisis de Impacto Regulatorio, además de cumplir con los plazos y obligaciones en la Ley General de Mejora Regulatoria.

Así que la respuesta no se hizo esperar al no darse el trámite instruido, llegó la “renuncia” del comisionado nacional de la Conamer, César Hernández Ochoa y se publicó el acuerdo el viernes.

Es inadmisible que, en nombre del pueblo de México y a costa del pueblo de México, discrecionalmente se sigan vulnerando sus instituciones, afectando directamente derechos de terceros, atropellando el derecho constitucional de contar con un medio ambiente sano, cerrando el paso a las energías renovables, como si las circunstancias no fueran ya lo suficientemente adversas, ahora se suma otra lamentable señal al sector en materia de inversión, no solo por el manifiesto desprecio a las renovables y las afectaciones económicas que esto conlleva, sino por la falta más grave de todas, el desprecio por el orden jurídico en la constante inobservancia de la ley.