México, D.F.- Luego de que los ahorradores de la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea han expresado su descontento por cómo la autoridad ha manejado el fraude realizado por el accionista mayoritario de la entidad, Rafael Olvera Amezcua, vía marchas así como con acciones legales, éstos acusan una persecución por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el fin de desviar la atención pública del objetivo del movimiento: recuperar a 100% los recursos de los depositantes.

En entrevista, Santina Franco, integrante de la Comisión de Ahorradores de Ficrea, acusó a la autoridad, en especial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de perseguir a miembros de la Comisión que representan a los ahorradores de la sofipo con el objetivo de que declaren movimientos supuestamente inusuales detectados por el SAT.

Y es que hace algunos días un diario informó que varios miembros de esta comisión reportan una serie de inconsistencias en su información financiera y fiscal ante el fisco.

“Es como si a cualquier persona con ingresos menores a 15,000 pesos al mes le practican una visita domiciliada. Por supuesto que la SHCP está facultada para hacerlo, pero es muy raro que en este momento yo, al encabezar un movimiento de este tipo, tenga ataques por parte de las autoridades…me queda claro que la información únicamente pudo haber salido de alguien que tiene acceso a datos de una cuenta bancaria”, expresó con actitud de molestia la hoy defraudada por la sofipo.

Santina Franco explicó que a partir de que se difundió esa información, personal del SAT ha visitado su domicilio requiriéndole información del ejercicio fiscal 2013, a pesar de que ella trabaja en una entidad gubernamental y su respectivo patrón “realizó las retenciones pertinentes”.

La integrante de la Comisión de Ahorradores denunció que no sólo ella ha sido objeto de las visitas del personal del SAT, sino también otros integrantes de la misma representación de los defraudados por Ficrea.

“Sé que esto ha ocurrido sólo a miembros de la Comisión… sé que más de tres o cuatro integrantes han sido amedrentados por el gobierno (el SAT) que se les está yendo a la yugular al revisarle hasta debajo de las piedras a ver qué pecados les encuentran”, expresó.

Santina Franco dijo que con esta acusación se genera una imagen muy equivocada de quienes son en realidad los clientes de Ficrea.
Ahorradores interponen amparo

Un grupo de ahorradores afectados por el fraude de 2,700 millones de pesos de Ficrea acudió al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, para solicitar un amparo en contra de las autoridades por la liquidación de la entidad financiera.

El amparo es una acción colectiva de más de 2,000 ahorradores y lo que se busca es que la autoridad judicial tenga en cuenta que los depositantes nunca dieron consentimiento de la liquidación por parte de la autoridad. También buscan que se hagan públicos los datos esenciales de la sofipo que demuestren la “incompetencia de las autoridades” y así tomar otras acciones de tipo penal.

“Hoy era el día límite para que procediera el amparo. La importancia de este proceso es que estamos haciendo del conocimiento público el desacuerdo en el que estamos por la forma en que se intervino Ficrea y la solución final que tuvo la entidad financiera en la cual invertíamos”, expresó Fernando González, representante del Comité Jurídico de la Comisión de Ahorradores.

Se espera que el juez tenga una respuesta el próximo miércoles respecto de si el amparo procede o no.
Mitad de defraudados solicita pago del seguro

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que hasta mediodía de este jueves se habían recibido 3,516 solicitudes del pago del seguro de depósitos, lo que representa 51% del universo de ahorradores registrados en la base e datos de la sofipo.

Además, se indicó que la interventoría gerencial ha entregado al Fondo de Protección 1,436 solicitudes a efecto de que realice el dictamen final y emita los pagos correspondientes.

“Los ahorradores con solicitudes procedentes, recibirán una llamada de la interventoría gerencial, con los detalles para que pasen a recibir su pago”, explicó la CNBV en un comunicado.

La Comisión reiteró a los 6,800 ahorradores involucrados que la solicitud del pago del seguro de depósito de ninguna manera supone renunciar a los derechos que les corresponden, en caso de que tengan un saldo mayor a 25,000 Udis (más de 131,000 pesos).

La autoridad agregó que los ahorradores cuentan con 180 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de la revocación para presentar su solicitud; es decir hasta el 17 de junio del 2015.