México, DF.- Ante el proceso electoral del 7 de junio próximo, las fuerzas federales tienen bajo la lupa siete estados asolados por el crimen organizado.

Tres merecen “especial atención”: Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, pero también preocupan Michoacán, Nuevo León, Veracruz y el Estado de México.

De acuerdo con fuentes oficiales, más de 12 mil elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal, el Cisen y la PGR, en coordinación con autoridades estatales, participarán en estas entidades en tareas de seguridad durante la jornada electoral.

Más de la mitad, 7 mil 884, son militares. Su tarea no sólo contempla la prevención de actos violentos de células del narcotráfico.

También deberán vigilar a otros grupos, como la CETEG, que han puesto en jaque a las autoridades de Guerrero tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, indicaron las fuentes.

El desafío

Jalisco se ubica en el mapa de los focos rojos ante el desafío del Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que los hechos de violencia en Tamaulipas han impedido incluso actos de campaña.

Además de la estrategia por los comicios, se mantienen la Operación Jalisco; la del Noreste, que comprende Nuevo León y Tamaulipas; la Conjunta Guerrero, y la de Michoacán, que han significado el despliegue de más de 10 mil militares.

Tan sólo en los focos rojos electorales, al menos 18 candidatos a diputado federal y dos a Gobernador cuentan con escoltas asignados por la Segob.

Asimismo, más de 40 aspirantes a cargos municipales son vigilados por cuerpos de seguridad estatales, estimó un mando federal asignado al operativo por los comicios.

Un día antes del 7 de junio, se informó, los uniformados tienen programado realizar patrullajes de seguridad, inspección de vehículos en carreteras principales, guardias en los ayuntamientos y sobrevuelos de reconocimiento.

Los focos rojos se encendieron en marzo pasado con el asesinato de la precandidata perredista a la Alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava a manos del crimen organizado.

Recientemente, fueron acribillados los aspirantes a las alcaldías de Chilapa, Guerrero, y Yurécuaro, Michoacán.

Tienen prioridad

Durante la jornada electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) desplegará a un mayor número de agentes en Guerrero y Michoacán, para atender posibles acciones contra la instalación de las casillas electorales.

“Ese día estarán disponibles todos los agentes del Ministerio Público de la PGR”, afirmó Santiago Nieto, titular de la Fepade.

“Van a recibir denuncias que se presenten contra quien obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio, cómputo o el adecuado ejercicio de las funciones electorales”, apuntó.

Movimientos sociales y magisteriales en ambas entidades han advertido que no permitirán que se realicen las votaciones en distintas regiones.

También se han hecho estas advertencias en Oaxaca, donde las casillas no podrán ser instaladas en escuelas públicas.

Sanciones

La reforma electoral de 2014 creó la nueva Ley de Delitos Electorales, en la que se castiga la compra de votos, la presión o inducción a electores, recoger credenciales para votar o el condicionamiento de programas sociales.

Los nuevos tipos penales permiten castigar operativos de compra de votos a cambio de beneficios económicos, como las tarjetas Soriana que se repartieron en 2012.

También la intervención de funcionarios públicos para orientar o condicionar el voto, como la del magistrado jalisciense, Leonel Sandoval, quien instruyó en grabaciones a operadores y funcionarios públicos a trabajar a favor de un candidato a la Alcaldía de Guadalajara.

El fiscal electoral no quiso, sin embargo, pronunciarse sobre algún caso en concreto.

Nieto reconoció que los tiempos de los procesos penales electorales no son tan expeditos como los administrativos electorales.

Evitan a hermano de capo

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), revocó la candidatura a Diputado local de un hermano de Rafael Cedeño Hernández, “El Cede”, quien fue detenido en 2009 por presuntos vínculos con el cártel de “La Familia Michoacana”.

Su hermano, Daniel Cedeño Hernández, había sido postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como candidato por la vía plurinominal.

Sin embargo, tras un recurso de inconformidad interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la instancia electoral decidió dar marcha atrás a esa candidatura.

“Se modifica el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, emitido el 19 de abril de 2015, identificado con la clave CG-168/2015 para efecto de revocar únicamente el registro de Daniel Cedeño Hernández y Alejandro Tron González, como candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, correspondiente a la quinta fórmula postulada por el Partido Verde Ecologista de México”, dice el resolutivo.

“Se otorga al Partido Verde Ecologista de México un plazo de tres días para que, conforme a lo previsto en el considerado último de esta resolución, proponga los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, respecto de la quinta fórmula”.

El PRD argumentó en su queja que Cedeño Hernández no había renunciado a tiempo a su cargo de secretario técnico en la Procuraduría de Protección al Ambiente dentro del Gobierno del Estado.

Vínculo innegable

“El Cede” fue detenido el 20 de abril de 2009, cuando celebraba el bautizo de una de sus nietas en el hotel Tarasco, en Morelia, acusado de nexos con “La Familia Michoacana”.

Según reportes federales, “El Cede” era el encargado de operaciones de ese grupo delictivo en Morelia y Lázaro Cárdenas.

Decenas de elementos federales irrumpieron ese día en la fiesta y tomaron por sorpresa a Cedeño Hernández.

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