Ciudad de México.- La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), propuesta por el Gobierno, entraña riesgos para el T-MEC, para la operación de plataformas digitales y para la autonomía de un órgano que requiere de libertad regulatoria.

Los primeros análisis de la iniciativa propuesta que elaboraron las bancadas del PAN, PRI y MC arrojan ponderaciones críticas respecto de esas tres materias.

El grupo parlamentario panista advirtió de un escenario de vulneración del T-MEC, dada la normatividad que deben respetar las tres naciones involucradas.

“ En el Artículo 18.17 del TMEC -alertó-, se establece que en cada país existirá una autoridad u organismo que establezca la regulación asimétrica a los ‘proveedores importantes’ (preponderantes) y define los requisitos de dicha autoridad estipulando que debe contar con independencia en sus decisiones y funcionamiento y evitando ser juez y parte.

“ Además, el Tratado también establece que dicho organismo no debe tener ninguna influencia directa o indirecta, ni interés financiero, o papel operativo o administrativo, en algún proveedor de servicios de telecomunicaciones.”

La bancada del PRI puso el foco en el artículo 109 del capítulo VIII de la nueva ley -De las Plataformas Digitales-, que establece que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital y Telecomunicaciones) para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normas que le sean aplicables.

La Agencia emitirá los Lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una plataforma Digital.

Para el coordinador tricolor, Manuel Añorve, el escenario que asoma es riesgoso en tanto que un bloqueo podría ser ejecutado sin un mandato judicial de por medio.

“ Está al arbitrio de la autoridad, de la nueva Agencia, que absorbió las facultades del IFT y que puede, bajo su total autoridad, suspender una plataforma digital.

“ Y como no dice -prosiguió- cuáles o de qué tipo, puede suspender cualquier plataforma digital: Uber, Netflix o cualquier otra. Todo está bajo control autoritario del Gobierno.”.

La bancada de Movimiento Ciudadano observó contrastes inequívocos en cuanto a la necesaria autonomía debe guardar un órgano regulador.

“ La LFTR establece al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como un órgano constitucional autónomo (Art. 7-10 LFTR), con independencia técnica, operativa y de gestión. Sus decisiones no dependen del Ejecutivo. (En cambio), la LMTR sustituye al IFT por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, una dependencia del Ejecutivo Federal (Art. 7-8 LMTR), eliminando su autonomía.

“ Esta modificación implica un cambio estructural que puede contravenir la reforma constitucional de 2013, vulnerando la separación de poderes y el principio de imparcialidad regulatoria.”

En relación con el régimen de concesiones, el grupo naranja refiere que “ambas leyes contemplan concesiones únicas para servicios de telecomunicaciones y radiodifusión (comercial, social, pública y privada).

“ La LMTR introduce un mayor desarrollo de las concesiones sociales, definiendo explícitamente las comunitarias, indígenas y afromexicanas (Art. 24 LMTR), e incluyendo medidas de igualdad de género en su solicitud (Art. 30).

“ Mientras que la LFTR otorga estas concesiones por parte del IFT con criterios técnicos, la LMTR confiere esta facultad a la Agencia (Art. 25-29), con posibilidad de asignación directa al Ejecutivo sin licitación para fines de seguridad, inclusión digital o interés público (Art. 12 LMTR).”

En febrero pasado, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó una iniciativa para crear la Agencia Nacional para la Competencia y Bienestar Económico, el organismo antimonopolios que sustituirá a la Cofece y al IFT, y que asumiría de manera exclusiva la facultad de determinar e imponer regulación de manera asimétrica a los participantes en los mercados de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

En un boletín en el que anunció que se encuentran a la espera de la iniciativa del Ejecutivo en materia de competencia económica, recordó que el T-MEC establece que cada país deberá contar con una autoridad u organismo encargado de ordenar la regulación asimétrica que deberá gozar de independencia en sus decisiones y funcionamiento, evitando ser juez y parte.