Los Moreira se afianzaron en el poder por tres vías: 1) colocaron a incondicionales en puestos estratégicos –en las secretarías de Finanzas y de Gobierno hubo procesión de legos– y les dieron las arcas del estado, manos libres y protección; 2) eliminaron cuadros y liderazgos del PRI que ponían en riesgo su proyecto transexenal, a unos les ofrecieron candidaturas para hacerlos perder –Alejandro Gutiérrez y Enrique Martínez y Morales– y a otros los persiguieron –Noé Garza, Javier Guerrero y Claudio Bres–, y 3) el control del Congreso, el Tribunal Superior de Justicia y la mayoría de los órganos teóricamente autónomos –Instituto Electoral, ICAI, Derechos Humanos, Sistema Anticorrupción–.

Hasta hoy ningún moreirista ha sido investigado en México por enriquecimiento ilícito. En cambio, integrantes de dos de las familias más influyentes han sido encausados. Alejandro Gutiérrez pasó casi un año en una prisión de Chihuahua acusado de participar en el desvío de 240 millones de pesos del Gobierno a campañas políticas del PRI, junto con el exlíder de ese partido, Manlio Fabio Beltrones, y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. El 13 de mayo pasado, el exsenador coahuilense recibió una sentencia de tres años en libertad condicional por peculado de 1.7 millones de pesos.

Jorge Torres López fue detenido por la Policía Federal Ministerial el 5 de febrero pasado en Puerto Vallarta con fines de extradición. En junio de 2014, Janice Ellington, jueza federal de Texas, lo etiquetó como prófugo de la justicia y la DEA –Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés– emitió una ficha de búsqueda internacional.

Durante ese tiempo, el exgobernador vivió en Saltillo sin ser molestado. Luego de sufrir un infarto en diciembre de 2017, Estados Unidos reactivó los trámites para su extradición.

El político y empresario trató de evitar su traslado a Texas, pero en septiembre pasado decidió ponerse en manos de la justicia norteamericana. Torres López ha pagado caro su ambición y su alianza con los Moreira, quienes utilizaron la marca para relacionarse con el poder económico y neutralizar a políticos acaudalados como Alejandro Gutiérrez, quien aspiró al Gobierno del estado en la sucesión de 2005, cuando el PRI postuló a Humberto Moreira y seis años después a su hermano Rubén.

El 18 de abril de 2008, Torres abrió las puertas de la casa paterna al clan con motivo de los 45 años de Rubén Moreira. La comida devino en fiesta grotesca e ignominiosa. Miles de personas asistieron al besamanos y a la unción del futuro Gobernador. Torres es corresponsable del desastre financiero y de la venalidad en el estado. Su elección como interino de Humberto Moreira no fue un acto de generosidad, sino para terminar de hundirlo y humillar más a su clase. Además, se le impuso una tarea imposible: explicar y justificar el moreirazo de 36 mil millones de pesos.

En el sexto informe de Administración, que no rindió Humberto Moreira por ser ya presidente del PRI, Torres dedicó menos de cinco minutos al tema de la megadeuda. Un fiasco. Según versiones, el exgobernador le habría reclamado por no firmar documentos que lo incriminaban. El 11 de noviembre de 2011, pocos días antes de entregar el poder, Jorge Torres McGregor, sobrino de Torres López, murió acribillado. El asesinato se atribuyó al crimen organizado.