Nacional
Publicado el jueves, 30 de abril del 2026 a las 18:11
Ciudad de México.— El dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó un enérgico llamado al Gobierno Federal para que cumpla con el tratado de extradición vigente y entregue a las autoridades de Estados Unidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza. Según el líder priista, ambos funcionarios, junto con otros colaboradores, deben responder ante la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas rechazó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien apeló a la defensa de la soberanía nacional frente a los señalamientos de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
“Que se dejen de hacer tontos; que entreguen a Rubén Rocha y a todos. Esto no tiene nada que ver con la soberanía, es un tema de complicidad e impunidad”, sentenció el legislador.
Moreno advirtió que la falta de colaboración por parte de las autoridades mexicanas en estas solicitudes de extradición podría derivar en investigaciones directas contra quienes resulten responsables de proteger a los imputados, señalando que “si no investigas, te vuelves cómplice”.
El líder del tricolor afirmó que las investigaciones en el extranjero confirman la existencia de un “pacto inconfesable” entre integrantes del actual gobierno y el crimen organizado para el tráfico de estupefacientes.
” “No podemos permitir que un cártel del crimen organizado como Morena dirija nuestro país”, añadió, citando supuestos reportes de la Casa Blanca sobre vínculos entre el gobierno y grupos delictivos.
Alejandro Moreno adelantó que la próxima semana realizará una gira de trabajo en Estados Unidos para presentar nuevas denuncias ante legisladores y autoridades de ese país contra políticos mexicanos.
Asimismo, anunció una ofensiva legal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en México:
Acción legal: Presentación formal para retirar el registro a Morena.
Argumento: Presunto financiamiento y apoyo proveniente del crimen organizado, lo cual calificó como una “participación de entes prohibidos” en el sistema democrático.
Con estas acciones, el PRI busca elevar el caso a instancias internacionales, presionando para que las acusaciones vertidas en cortes estadounidenses tengan repercusiones jurídicas inmediatas en territorio mexicano.
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