Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica establece que la explotación del litio quedará en manos del Estado.

En conferencia matutina, informó que la iniciativa privada conservará el 46 por ciento del mercado eléctrico para que exista competencia.

“ Porque se decide, en esta iniciativa, que la CFE va a tener el 54 por ciento del mercado y el 46 se va a conservar para las empresas particulares, que haya una auténtica, una verdadera competencia, que no había porque apostaban a marginar, a destruir a la CFE”.

“ En esa misma iniciativa se establece que, para la explotación del litio, sólo va a poder hacerlo la nación. Es decir, el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral del litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio es de los mexicanos, de nuestra nación”.

Conocido como el “oro blanco” o “petróleo del futuro“, el litio es utilizado en nuevas tecnologías para celulares, baterías para coches eléctricos y medicamentos.

El Mandatario federal aseguró que su Gobierno busca resarcir el daño que causó la reforma energética del sexenio pasado y “darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad, no estatizar.

“ Con el neoliberalismo pues se inició con una política de pillaje, de saqueo y venían los extranjeros y pensaban que México era tierra de conquista y nos saqueaban, como en la época colonial, todo eso ya se terminó y estamos procurando resarcir el daño que ocasiono la llamara reforma energética no significa nacionaliza ni estatizar, significa darle su lugar a la CFE

El documento de la iniciativa del jefe del Ejecutivo ya se encuentra en San Lázaro.

Se trata del proyecto mediante el cual López Obrador busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y darle preferencia en el despacho de energía sobre los derechos que han adquirido empresas privadas con la reforma energética aprobada del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Con esta propuesta, el Presidente pretende revertir el revés que ha dado el Poder Judicial a los decretos y reformas que en leyes secundarias se aprobaron en el primer trienio de su sexenio.