México, DF.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el martes una serie de reformas en materia penal para que la Procuraduría General de la República (PGR) persiga de oficio a quienes incurran en prácticas de piratería, sin embargo, para que estas medidas sean efectivas deben ser avaladas por los senadores.

La medida fue avalada con 359 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones, e incluyes reformas a los artículos 429 del Código Penal Federal y el 223 Bis de la ley de la Propiedad Industrial, a efecto de establecer que se perseguirán de oficio los delitos contra la propiedad intelectual.

El diputado federal del PRI, Arturo Zamora Jiménez, destacó la importancia de la reforma pues se trata de perseguir el delito de la “piratería” que causó un daño económico de 964 mil 688 millones de pesos en 2009.

“Ocho de cada 10 personas compraron productos ‘pirata’, por lo que el 54% de los bienes que están en el comercio provienen de falsificaciones”.

El legislador argumentó que con la reforma avalada y turnada al Senado para su análisis, la PGR ya no tendrá pretextos para no combatir a las bandas dedicadas al contrabando y la “piratería” en el país.

“Hay un cambio en la forma de persecución de la piratería”, dijo. La “piratería” a la par del deterioro del sector productivo mexicano y del trabajo intelectual, es acompañada de otros delitos que son operadas por la delincuencia organizada.

En contra de la reforma, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, Pedro Vázquez González, aseguró que se busca “criminalizar” la actividad de comercio informal que realizan millones de mexicanos, al no contar con un empleo en el sector formal de la economía debidamente remunerado.

Sostuvo que el dictamen pasa por alto que muchos de los productos que son materia de “piratería” son fabricados en otros países que entran de contrabando a México o mediante el contrabando documentado.

Vázquez lamentó que la reforma busque sólo sancionar al último eslabón de esta cadena, o sea a los comerciantes informales y no a las autoridades y funcionarios que solapan y tienen ganancias millonarias por el contrabando y “piratería”, remató.