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Grupo Zócalo
Publicado el jueves, 9 de abril del 2026 a las 22:34
Argentina— La muerte de Ángel Nicolás López, de apenas 4 años, ha desatado una ola de indignación en Argentina y volvió a encender el debate sobre las decisiones judiciales en casos de custodia infantil. El menor falleció el domingo 5 de abril, durante el Domingo de Pascua, en un hospital de Comodoro Rivadavia, con indicios de violencia física que hoy son materia de investigación.
De acuerdo con los primeros resultados de la autopsia, el niño presentaba golpes internos en la cabeza, compatibles con maltrato. La Justicia puso la mira en su madre biológica, Mariela Altamirano (28), y su pareja, quienes hasta ahora no han sido detenidos.
El caso adquirió dimensión nacional tras la difusión de un video en redes sociales —publicado por la cuenta X— en el que se expone el entorno familiar del menor. La grabación, que superó las 600 mil visualizaciones en pocas horas, muestra a Ángel llorando y suplicando no ser separado de su hogar: “Me quiero quedar acá”.
Según fuentes judiciales citadas por Clarín y Infobae, Ángel había vivido desde su primer año con su padre, Luis López, y su madrastra, Lorena Andrade. Sin embargo, en noviembre de 2025, el Juzgado de Familia N.º 4 —a cargo del juez Pablo José Pérez— ordenó un proceso de revinculación y otorgó la tenencia definitiva a la madre.
La medida se tomó pese a antecedentes que hoy generan cuestionamientos: Altamirano había perdido previamente la custodia de otro hijo y acumulaba denuncias por maltrato infantil. Aun así, el fallo priorizó el vínculo biológico, incluso restringiendo el contacto con el padre.
La reacción de la familia paterna no tardó. Lorena Andrade denunció públicamente que el niño fue llevado “a un lugar de tortura” y aseguró que la madre lo abandonó en el hospital sin permanecer durante su atención.
El padre, visiblemente afectado durante el funeral, lanzó un reclamo que sintetiza el sentimiento de muchos: “Mi hijo pidió por mí y nadie hizo nada”.
La Policía realizó este miércoles un allanamiento en la vivienda de la madre y su pareja. La investigación avanza bajo secreto de sumario, mientras se esperan los resultados definitivos de la autopsia.
El asesinato de Ángel ha sido comparado con el de Lucio Dupuy, otro caso que expuso fallas en el sistema de protección infantil. En ambos, familiares y sectores sociales cuestionan la aplicación de criterios judiciales que, sostienen, no ponderaron adecuadamente el riesgo real para los menores.
En paralelo, crecen los señalamientos contra funcionarios judiciales y equipos técnicos, entre ellos la asesora Verónica Roldán y la psicóloga Jennifer Leiva, a quienes familiares acusan de no haber escuchado al niño ni valorado su situación.
El caso detonó una convocatoria a una marcha este viernes 10 de abril frente al hospital y los tribunales de Comodoro Rivadavia. La consigna es clara: respuestas y responsabilidades.
Mientras tanto, Altamirano rompió el silencio y negó las acusaciones: “Yo no maté a mi hijo”, declaró.
La muerte de Ángel López deja al descubierto una pregunta que resuena con fuerza en la sociedad argentina: ¿se escuchó realmente al niño? Y, más aún, si el sistema encargado de protegerlo fue capaz de ver —y actuar— ante las señales de peligro.
Angelito suplicaba en llanto no ir a casa de su mamá; lo obligaron y días después murió por maltrato
El niño de 4 años murió con signos de violencia; investigan a su madre y su pareja en medio de reclamos por fallas judiciales.https://t.co/nYHk3OIdOz pic.twitter.com/D2wqOF7eZH
— Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 10, 2026
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