Ciudad de México.- Aunque los repartidores de alimentos que se emplean a través de aplicaciones digitales han desempeñado un papel relevante durante la pandemia, las condiciones laborales para cientos de ellos son precarias. Obtienen un ingreso promedio de 300 pesos por jornadas de 10 horas al día, carecen de seguridad social, quedan vulnerables frente a accidentes viales y, en el caso de las mujeres, en ocasiones llegan a ser víctimas de abusos sexuales de los clientes, según sus testimonios.

Trabajadores de plataformas como Rappi, Uber Eats y Didi Food señalaron que para laborar allí deben darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y posteriormente proporcionar el RFC a la aplicación digital para que las empresas les retengan el impuesto sobre la renta (ISR).

De acuerdo con las disposiciones del SAT, en 2020 la tasa de retención era en función del monto del ingreso mensual de estos trabajadores, pero con el nuevo esquema que entró en vigor a partir de 2021 se fijó una tasa única de 2.1 por ciento.

Sin embargo, en el caso de Uber Eats las entregas que se realizan tienen dos retenciones: 8 por ciento de IVA y de 3 a 9 por ciento de ISR, dependiendo del monto de las ganancias.

“Esta cantidad será entregada directamente al SAT para pagar estos dos impuestos” y así emitir el comprobante fiscal de retención respectivo, indica la empresa en su página de Internet.

Miguel Ángel, repartidor desde hace cinco años, comentó que ese impuesto equivale de “dos a cinco pesos en cada pedido que realizan los consumidores, además de un gravamen que se aplica al finalizar el mes”. Adicionalmente, deben pagar 25 pesos semanales por el uso de la aplicación para laborar.

Saúl Gómez, trabajador y vocero del movimiento Ni Un Repartidor Menos, consideró que las aplicaciones digitales “nunca pierden”, porque además de cobrarles una comisión a ellos, también lo hacen a los restaurantes, los cuales tienen que elevar precios para compensar las ganancias.