Ciudad de México.-  Una jueza federal consideró ilegal una inspección de un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora están por liberar a dos hombres que presuntamente fabricaban drones explosivos para los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación.

Esos drones adaptados con un explosivo plástico de alto poder denominado C4, son con los que el cártel de José Antonio Yepez, “El Marro”, pretendía atacar la Fiscalía de Guanajuato y atentar contra su titular Carlos Zamarripa.

Áreas de inteligencia federal iniciaron una investigación que los llevó a un domicilio en San Pedro Cholula, Puebla, donde según la acusación, los jóvenes Diego Jiménez Martínez y Rogelio Juan Luna Villa adaptaban los drones.

Un agente Ministerial entrevistó a un tío de Luna Villa, quien reveló que le rentaba el inmueble a su sobrino y le ofreció abrir la puerta del domicilio. El agente aceptó, entró, realizó un inspección y encontró los narcodrones, cartuchos y una serie de insumos explosivos.

Al día siguiente, el 25 de abril de 2020, se realizó un cateo, ya con la orden que marca la ley, y decomisaron en el lugar tres drones con explosivos, bolsas y recipientes con pólvora, un fragmento de tubo de cobre con el explosivo C4 y 99 cartuchos.

Pero la jueza Marcela Elizabeth García Cante advirtió que la primera inspección fue ilegal por no tener una orden de cateo, y que ella no iba a ser comparsa de “cateos simulados”, por lo que anuló 11 de las 13 pruebas que habían sido presentadas.

Originalmente, la FGR pidió a la juez una condena de 30 años de prisión para Jiménez y 22 años para Luna por cuatro delitos: uno por fabricación de explosivos, dos por posesión de cartuchos y otro por posesión de arma de uso exclusivo del Ejército.

Ahora solo Jiménez Martínez será llevado a juicio, pero por una pistola y 35 cartuchos asegurados en un cateo en otro domicilio.

Ambos jóvenes se encuentran aún detenidos en el penal de San Miguelito, en Puebla.

Hasta ahora la FGR no ha confirmado si impugnará la decisión de la jueza, pero de esas mismas pruebas dependen los procesos contra cinco de los intermediarios que vendían los drones al crimen organizado, entre ellos José Luis Hernández López, “Bad Boy”, preso actualmente en el penal de Ocampo, Guanajuato.