La ciudadanía ha sido más persistente, firme y creativa que las oposiciones en la defensa de una institución a la cual siente como propia, el Instituto Nacional Electoral (INE), por ser garante de su voto y de la democracia. Las movilizaciones del 13 de noviembre pasado contra la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador surtieron efecto, pues los diputados de oposición escucharon a sus representados e impidieron cambios a la Constitución que habrían modificado sustancialmente el sistema comicial; para mal, según críticos y especialistas. Sin embargo, el 15 de diciembre, las bancadas de Morena y sus aliados (PT y Verde) reformaron las leyes General de Comunicación Social y de Responsabilidades Públicas; el denominado plan B.

Los ciudadanos volverán a las calles el domingo 26 febrero para refrendar su apoyo a la autonomía e independencia de la autoridad electoral y protestar por las reformas cuyas consecuencias, de acuerdo con el INE, serían «indeseables para la celebración de elecciones libres y democráticas», según mandata la Constitución. Para entonces quizá ya se habrán aprobado los cambios pendientes a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, de Medios de Impugnación y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues el partido del Presidente y sus adláteres cuentan en el Congreso con mayoría absoluta para cerrar la pinza.

Para el Gobierno federal, Morena y sus adláteres, el problema radica en el férreo rechazo ciudadano. No solo de los sectores que siempre han votado contra López Obrador, de los grupos de interés afectados en sus privilegios por la 4T y de los partidos que aprovechan el malestar social para llevar agua a su molino en las elecciones presidenciales de 2024, sino también de exsimpatizantes de AMLO y de legiones de mexicanos de todos los estratos decepcionados con un movimiento que ataca todo lo que ofreció defender: libertad, democracia, justicia. Es, en suma, la clase media unida por los agravios del poder, la incompetencia gubernamental y las pulsiones autoritarias.

Frente a la incapacidad de escuchar del Gobierno y su partido, los cuales disponen de los votos suficientes para cambiar las leyes secundarias, quedan los caminos de la controversia constitucional y de la movilización ciudadana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado, como el INE, muestras de independencia y provocado la iracundia presidencial. La ciudadanía y las organizaciones civiles, por su parte, han recobrado dinamismo mientras los partidos tradicionales se enfrascan en la lucha por la sucesión presidencial sin liderazgo y sin contar con perfiles idóneos debido a su alejamiento de la sociedad y por privilegiar los intereses de sus cúpulas y burocracias.

De otro lado existen fuerzas sociales y políticas adictas al Presidente y a su proyecto transformador. El crecimiento de López Obrador y de su movimiento es consecuencia del abandono de la política por parte de los partidos y de la ciudadanía. El momento actual es propicio para volver a ella y concientizar a la población de la importancia de hacer de la democracia una disciplina y un ejercicio cotidiano y permanente, no solo electoral. En este contexto, el INE, con todo y sus defectos, se ha convertido en cauce de la inconformidad social y en catalizador de la democracia. Para cambiar el curso del país por vías pacíficas y modificar los equilibrios en la toma de decisiones se necesitan votos razonados. Y para ello, ciudadanos libres, comprometidos y conscientes de sus derechos y deberes. Bernard M. Baruch, exasesor de los presidentes Wilson y Roosevelt aconsejaba: «Vota a aquel que prometa menos. Será el que menos te decepcione».