Ciudad de México.- Para la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), la extensión del programa de regularización de la importación de vehículos usados por la frontera, conocidos como “autos chocolate”, no sólo es una “invasión” a la Administración de Claudia Sheinbaum, sino que lo más grave es que seguirá impactando a la industria automotriz y en general a la economía nacional.

El decreto de extensión, publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece ahora que el programa de regularización estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026.

Así, de acuerdo con datos del Gobierno, desde que entró en vigor el decreto en enero de 2022, unos 2.6 millones de este tipo de autos, que suelen ser considerados chatarra, ingresaron al país, mientras que en su último informe de Gobierno, Andrés Manuel Lopez Obrador reveló que se habían recaudado un total de 6 mil 239 millones 537 mil 500 pesos por la regularización de vehículos ilegales.

Ese monto es producto del pago de 2 mil quinientos pesos por vehículo regularizado, lo que equivale a un total de 2 millones 495 mil 815 unidades al cierre de agosto pasado.

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Es lamentable que López Obrador invada con su decisión el mandato de la doctora Claudia Sheinbaum al extender el decreto por dos años más, a sólo cuatro días de terminar su Presidencia. El conocimiento técnico, la trayectoria profesional y el compromiso con el medio ambiente de la Presidenta nos hacían pensar que se revirtiera una política gubernamental nociva para México”, declaró Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA.

Recordó que desde 2022 se estableció que no se regularían vehículos importados que se encontraran en situación de contrabando; con reporte de robo en situación de algún delito, fueran vehículos de lujo o deportivos; así como aquellos que estuvieran restringidos o prohibidos en el país de procedencia o México.

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Todos estos requisitos han sido ‘letra muerta’, lo cual coloca a los funcionarios públicos que han autorizado la regularización de millones de vehículos sobre los cuales existen evidencias de faltar a alguna de las especificaciones que el decreto estableció para regularizar el contrabando”, advirtió.

Además, dijo que con la regularización de los autos “chocolate”, México ha “institucionalizado” el contrabando automotriz y la corrupción entre funcionarios, denunció Rosales.

Destacó que desde que se implementó el decreto para la regularización de autos usados provenientes de Estados Unidos en enero de 2022, la industria automotriz mexicana ha sufrido importantes repercusiones.

Este decreto, que inicialmente parecía una solución para la problemática de los llamados “autos chocolate” o vehículos que ingresan al país sin cumplir con los trámites aduanales formales, ha impactado negativamente tanto en la venta de autos nuevos como en la de seminuevos.

Sin embargo, mientras la industria automotriz se ve afectada, el Gobierno ha salido beneficiado, principalmente por la entrada de dinero derivada del pago por la regularización e impuestos.

Este ingreso, sin duda, ha sido bien recibido en las arcas del Gobierno. No obstante, detrás de este éxito fiscal se oculta un problema mucho mayor: la afectación directa a la economía formal y la industria automotriz mexicana.

Uno de los aspectos más preocupantes de este decreto es cómo ha desestimulado la compra de autos nuevos, esto quiere decir que la venta de autos nuevos podría ser mayor.

Por ejemplo, en lugares como Chihuahua, el estado con mayor número de vehículos regularizados, el mercado de autos nuevos ha retrocedido un 5.6% en comparación con el año anterior. Mientras que a nivel nacional la venta de vehículos nuevos ha crecido un 12.2%, entidades como Baja California apenas han visto un avance de 2.1 por ciento.

Este contraste evidencia que la regularización masiva de autos usados provenientes del extranjero está afectando gravemente a la industria automotriz, que ha visto reducida su capacidad de competir en estos mercados.