Ciudad de México.- Un juez federal determinó que el derecho a la salud de los pacientes debe ser respetado, incluso por hospitales privados y su personal médico, y ordenó a dos médicos el pago de daños y perjuicios a una paciente a quien practicaron una cirugía innecesaria.

Fernando Silva García, juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en Cuernavaca, Morelos, negó a los dos cirujanos el amparo que promovieron en contra de la resolución de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), la cual estableció que incurrieron en mala práctica médica.

El juez determinó que la Secretaría de Salud es responsable de vigilar y garantizar que los hospitales privados y su personal médico presten el servicio de salud sin que se privilegie, bajo ningún esquema operativo y organizacional, el lucro empresarial y/o personal de los médicos sobre los derechos humanos a la integridad y salud de los pacientes.

Esa situación, resolvió el juzgador, actualiza mala praxis médica, así como la obligación de pago de daños y perjuicios a favor de los pacientes e, inclusive, en su caso, una conducta delictuosa.

La cirugía se realizó en un hospital privado ubicado en esta ciudad, donde dos médicos operaron a la paciente padecimientos en el colon, extirpándole parte del intestino grueso, lo que le produjo diversas complicaciones, por lo que recurrió a la Conamed.

La comisión determinó que la cirugía había sido innecesaria e injustificada, que los médicos incurrieron en mala práctica médica y ordenó el pago de daños y perjuicios, pero los médicos impugnaron la resolución mediante el juicio de amparo 501/2011, que les fue negado.

El juez estableció que los médicos no justificaron la necesidad de separarse de la Guía de Práctica Clínica autorizada por la Secretaría de Salud para afrontar el padecimiento de la paciente.

Dicha guía señala que el tratamiento debe ser únicamente conservador a través de medicamentos, y la cirugía como último recurso.

La sentencia convalidó la resolución de la Conamed y reconoció el derecho de la paciente a exigir el pago de daños y perjuicios por la afectación a los derechos a la salud e integridad personal por causa de una cirugía innecesaria e injustificada en un hospital privado.