Uno de los temas más urgentes que deben aparecer en la agenda política, y resolverse, o al menos plantearse propuestas razonables para discutirse en el Congreso de la Unión, es el sistema de pensiones en México, cuya reforma de 1997 ya resultó insuficiente y, de no formularse políticas de reestructuración, se encamina a la insostenibilidad económica y política.

La presente Administración pública ha estado tratando, indirectamente, de paliar la debacle. A su inicio, se propuso y logró un incremento a los salarios mínimos de los trabajadores que subsistían con ese ingreso, además de mantener sin cambios las tasas impositivas de consumo e ingreso, así como la implementación del programa social 68 y más. Solo fueron paliativos, pero de ninguna manera llegaron al fondo del problema y se sigue considerando al sistema pensionario “como una bomba de tiempo”, vulnerable al comportamiento demográfico de la población.

Sin embargo, hace algunas semanas el Gobierno presentó, en acuerdo con el sector empresarial del país, una serie de cambios en la ley de pensiones y en particular en la del IMSS, los cuales recientemente envió a la Cámara de Diputados para su discusión. Pero los sorprendidos fueron los propios empresarios, quienes se percataron de algunos cambios que se hicieron después de lo acordado con el Gobierno. Antes de ello, las gestiones y arreglos políticos habían tenido éxito, que se mostraba con el incremento de las cuotas patronales al Seguro Social, las cuales pasaban de 5.15, a 13.87% de los montos respectivos de sueldos y salarios; desde luego los aumentos serían paulatinos, para iniciar en 2023 y concluir en 2030.

Regulación de precios. El desacuerdo entre Gobierno y empresarios se debe al control o tope que quiere establecer la SHCP a las comisiones que cobran las Afores por administrar el ahorro a los trabajadores. Históricamente, el porcentaje de las comisiones ha venido disminuyendo desde 1997, año en que se organizaron las administradoras financieras privadas de fondos. Los márgenes de beneficios fueron menguando, no por decreto oficial, sino por las condiciones imperantes en el mercado, que se volvió más competitivo y se consolidaba.

Para algunos actuarios y economistas, la fórmula que quiere aplicar el Gobierno para calcular el monto de las comisiones no es la correcta, pues se fundamenta en un promedio resultante de lo que cobran tres países: Estados Unidos, Chile y Colombia. Aunque el modelo chileno sirvió de inspiración para formular el mexicano, no por ello se debe considerar como referencia para el cálculo de las comisiones. En cuanto a las otras dos naciones, sus economías son muy asimétricas con respecto a la nacional. Si el ahorro obligatorio y voluntario de los trabajadores se estima que vaya aumentando a través del tiempo, por los cambios sugeridos en las cotizaciones, de acuerdo con el esquema planteado, las comisiones tenderán a bajar.

Otro referente que toma el Gobierno para el recorte en las comisiones es el ranking que publica la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS), que enumera y compara 43 sistemas de ahorro para el retiro de economías del planeta, en el cual México ocupa el lugar 31; en otros términos, los cobros que hacen a los trabajadores mexicanos son superiores a la media internacional. Si seguimos esa lógica de compararnos con otros países, debería ser en todas las áreas de la economía y calidad de vida, no estrictamente en aspectos puntuales que interesen al grupo que ostenta el poder político y económico en turno. Hay que recordar que fuimos un país colonizado, que debe elaborar sus políticas públicas en función de las condiciones económicas y sociales de la población, sin perder de vista el contexto internacional.