El pasado 20 de junio en el Congreso del Estado se votó a favor de reestructurar por cuarta ocasión la deuda de Coahuila con los bancos. Puntualmente se corrigió y pormenorizó un decreto que previamente había sido aprobado en diciembre del año anterior por la misma Legislatura, antes de que comenzara el proceso electoral.

Y aquí viene lo interesante: el proyecto aprobado por los diputados locales supone pagar 102 mil 174 millones 692 mil 885 pesos de 2023 a 2043, liberándose de la obligación en 20 años (no en 2048, como algunos malinterpretaron y difundieron sin leer la información oficial).

Si a lo anterior sumamos los 57 mil 168 millones 90 mil pesos que se han pagado de 2011 a 2022 por “servicio de la deuda”, de acuerdo con el ejercicio de contabilidad realizado por el periodista Francisco Rodríguez para El Universal (09/07/23), sin tomar en cuenta nuevas y eventuales renegociaciones a futuro, el gran total ascendería a 159 mil 342 millones 783 mil pesos.

Sí, casi cinco veces lo que se pidió originalmente.

No obstante, sin refinanciamiento, según los números divulgados por la Comisión de Hacienda, la deuda costaría 14 mil millones de pesos más y concluiría hasta 2048.

Pero no nos hagamos bolas. La cifra no iba a desaparecer mágicamente al votar por una opción distinta para Gobernador de Coahuila, al grado que, para dimensionar, los tres candidatos derrotados en su día ni siquiera dieron un dato asertivo acerca del monto. Todo fue superficial y al calor de la campaña. Improvisado, en algunos casos. Cinco años de Obradorismo tampoco han hecho la diferencia. Al contrario: predomina la indiferencia federal en el tema.

Ahora bien, ¿no existe la posibilidad de hacer una quita de capital? ¿Con base en qué criterio nos mantienen cautivos Multiva, Banobras y Banorte?

No es lo ideal, porque lo ideal -se he mencionado aquí en otras ocasiones- sería repudiar la deuda ilegítima, por lo menos la obtenida mediante documentos apócrifos entre 2009 y 2010 (falsificando decretos aprobados por el Congreso y publicados en el Periódico Oficial).

Todo esto, cabe señalar, a nombre de la Administración estatal, bajo la responsabilidad de Héctor Javier Villarreal Hernández como secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), y que sumó en su día 6 mil 300 millones de pesos. Entonces Bancomer prestó mil 650 millones de pesos el 2 de diciembre de 2009. Santander mil 100 millones el 12 de julio de 2010. El 2 de septiembre del mismo año Bancomer dio un contrato más, esta vez por 550 millones de pesos. Para cerrar el año Banco del Bajío liberó mil millones de pesos el 16 de diciembre. Ya en 2011, el 28 de marzo, otros 2 mil millones de pesos fueron adjudicados.

Lo anterior consta en el oficio SEFIN/UT/1181/2018 de la Secretaría de Finanzas, en poder de quien esto escribe.

Por otro lado, como particular, Javier Villarreal incrementó su patrimonio (estimado en 37 millones de dólares, entre propiedades y cuentas bancarias) en el mismo lapso que fluyeron los créditos irregulares, pese a percibir un salario de 92 mil pesos mensuales. No obstante su ‘error’, por llamarlo de alguna manera, fue mover esa fortuna al vecino país del norte.

Naturalmente, con las reestructuras, los créditos cambian de acreedores y suprimen vicios. Pero la memoria queda.

Cortita y al pie

Tampoco hubo castigo para los bancos, como documentó el reportero Jason Buch en una investigación para el Border Center for Journalists and Bloggers, publicada el 22 de noviembre de 2021. Cito un párrafo esclarecedor del referido reportaje: “Villarreal Hernández dio explicaciones contradictorias y cambiantes sobre su riqueza personal e intentó ocultarle al Chase Bank (de San Antonio y Corpus Christi, Texas) que, en realidad, era uno de los funcionarios más poderosos de Coahuila”.

Sin embargo, “no hay indicios, en los registros de la Corte Federal o las instancias regulatorias, de que el Banco, o cualquier persona asociada con él, haya enfrentado alguna vez repercusiones por las decenas de millones de dólares que Villarreal Hernández y otros le robaron a los contribuyentes mexicanos y que pasaron por sus cuentas durante cuatro años”.

La última y nos vamos

Por lo demás, Coahuila ha sido un cliente disciplinado a lo largo de una docena de años. Religiosamente y sin chistar se ha desprendido de 57 mil millones de pesos -cantidad aún cuestionable pues seguir la pista del dinero no es tarea fácil- que no han ayudado a amortizar la deuda en ese periodo.

Así, en consonancia con lo anterior, ¿no sería un buen momento para que las entidades financieras muestren un ápice de responsabilidad social (nadie dice que se conviertan en instituciones de beneficencia, pues aquello iría contra su naturaleza) y actúen en consecuencia?