Washington, D.C. – La Corte Suprema de Estados Unidos ha desatado una controversia legal y social al revocar, con una ajustada votación de 6 a 3, una orden judicial que prohibía a los agentes federales en Los Ángeles detener e interrogar a personas sobre su estatus migratorio basándose únicamente en su apariencia, idioma o ubicación.

Aunque no es un fallo definitivo sobre el caso (Noem vs. Vázquez Perdomo), la decisión de emergencia de la Corte dio luz verde a los agentes para continuar con tácticas que, según críticos y fallos de cortes inferiores (incluido el Noveno Circuito), constituyen un perfil racial inconstitucional y violan la Cuarta Enmienda.

La Opinión que Define el Perfil Racial: El Origen de los ‘Kavanaugh Stops’

La polémica se centra en la opinión concurrente del juez conservador Brett Kavanaugh, quien argumentó que los agentes pueden detener a alguien si tienen una “sospecha razonable” de que se encuentra en el país sin estatus legal.

Kavanaugh sostuvo que si bien la “etnia aparente” por sí sola no justifica una detención, sí puede hacerlo si se combina con otros factores de “sentido común”, como:

– Hablar español o inglés con acento.

– Encontrarse en lugares como paradas de autobús, lavaderos de autos o puntos de recogida de jornaleros.

Estos criterios han sido rápidamente bautizados como ‘Kavanaugh stops’ por académicos y defensores de derechos civiles.

“Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia, declaró que la Corte Suprema “en efecto, autorizó la práctica del Poder Ejecutivo de aplicar perfiles raciales sin considerar seriamente los perjuicios.”

Riesgo para Ciudadanos Legales y el Disenso de Sotomayor

Organizaciones de derechos civiles alertan sobre el impacto. Un reporte de ProPublica identificó que más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por error por agentes de inmigración, incluyendo a niños y mujeres embarazadas.

El juez Kavanaugh minimizó el daño, describiendo la detención como un inconveniente “modesto” del que las personas pueden salir “rápidamente” al aclarar su estatus. Sin embargo, los demandantes han documentado detenciones que duran horas e incluso hasta el día siguiente, a menudo con personas esposadas y trasladadas a centros por el simple hecho de ser latinos.

La jueza Sonia Sotomayor, la única magistrada latina de la Corte, condenó en un documento de disenso de 21 páginas que la decisión crea un “estatus de ciudadano de segunda clase”.

“No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios,” escribió Sotomayor, criticando directamente la opinión de Kavanaugh y asegurando que “la Constitución no permite la creación de un estatus de ciudadanía de segunda clase.”

El debate legal se sustenta en la interpretación del caso de 1975 (United States v. Brignoni-Ponce), donde la Corte aprobó que la Patrulla Fronteriza considerara la “apariencia mexicana” como un factor de sospecha en zonas fronterizas. La opinión de Kavanaugh amplifica esta lógica a nivel nacional, basando las detenciones en prejuicios étnicos y lingüísticos.